Opinión: ¡Acceso!

Cada cuatro u ocho años llega al poder un grupo de personas que alardean sobre lo orgullosos que están de convertirse en servidores públicos y de “hacer el bien común”. No hacen más que adentrarse en la burocracia para enajenarse de ese principio.

El viernes, sentado como demandante en la sala 907 del Tribunal de San Juan, escuché una de las exposiciones más retrógadas y torcidas que se han planteado en tiempos recientes. La Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por voz de la abogada Noemí Cortés, dijo que la intervención ciudadana en los procesos deliberativos del Gobierno pone en jaque a los funcionarios, provoca que se especule, se desinforme y los expone a preguntas incómodas de la prensa.  La abogada habló sin aparente pudor, por cierto.  Mientras la escuchaba, supuse que se trataba de un error o que la estaba malinterpretando. Pero no, lo dijo en serio y con todo el apoyo del escudo del cordero.

El martes, la jueza Aileen Navas concluyó que el gobernador y el Departamento de Hacienda estaban invocando el “privilegio ejecutivo” sin base alguna. Concluyó que no demostraron el daño que causaría la divulgación del informe de la firma de consultores que asesora al primer ejecutivo para la próxima reforma contributiva. Evidentemente, la resistencia del gobernador a publicar el informe era un capricho, nada más.

Ayer la divulgación del informe de la firma KPMG se produjo conforme a lo solicitado y dictaminado.

Es penoso que los ciudadanos, seamos periodistas o no, tengamos que estar en los tribunales reclamando que se conceda el derecho a la participación en la toma de decisiones de política pública. El Gobierno le pertenece al pueblo. La ciudadanía tiene derecho a observar, participar, cuestionar y fiscalizar para, tarde o temprano, tomar decisiones de la manera más educada posible.

Con demasiada frecuencia veo la arrogancia de asesores y jefes de agencias actuando como si manejaran negocios privados. Peor aún, los vemos tomando decisiones en grupos cerrados, porque asumen que la gente no entiende “de esas cosas”. Creen que el pueblo es ignorante y que hacerle partícipe de sus deliberaciones es absurdo. Podemos decir que esa mentalidad es un insulto que, como consecuencia, al menos debe resultar en despidos. Sin embargo, hasta ayer, aun con la sentencia de la jueza Navas, el Departamento de Justicia ni La Fortaleza han rectificado lo planteado por su abogada el viernes en el tribunal. Esto nos lleva a concluir que el panorama es peor de lo que pensaba.

La lucha por el acceso a la información es vital. La seguiremos dando desde la prensa y la Asppro, y la tienen que dar los ciudadanos desde todos los frentes.