Gobernador aún no sabe qué hacer con la crudita
A pesar de que el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y el presidente de la Comisión de Hacienda en ese cuerpo, José Nadal Power, defendieron ayer el…
Por Cindy Burgos @Cindy_Andreina
A pesar de que el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y el presidente de la Comisión de Hacienda en ese cuerpo, José Nadal Power, defendieron ayer el lenguaje final aprobado en el Proyecto de la Cámara 2212, para aumentar de $9.25 a $15.50 el impuesto al barril del petróleo, por considerar que sí cumple con los estándares del ejecutivo, tal parece que las posibilidades de que este sea enmendado son cada vez mayores.
Y es que, según fuentes de Metro, el gobernador Alejandro García Padilla está determinando si vetará el controvertible proyecto, conocido como la crudita, o si lo convertirá en ley con la condición de que sea enmendado en enero. Su decisión estriba en que como está aprobada la medida no garantiza la emisión de bonos de $2,950 millones que “salvaría” la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y daría liquidez al Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Para el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, “no sería práctico” que se vetara la crudita “cuando hay unas diferencias de comunicación con muchos legisladores”, al punto de que fue un voto del Partido Nuevo Progresista (PNP) —el del representante Pedro “Pellé” Santiago— el que garantizó la aprobación de la propuesta. “Lo que hay que buscar en estos momentos es subsanar esas diferencias”, agregó.
Por su parte, Bhatia y Nadal Power expresaron ayer por escrito que les resultaba “incomprensible” que ejecutivos del BGF dijeran que el lenguaje final del P. de la C. 2212 posee “ciertas deficiencias” cuando, para ellos, “la Legislatura dio paso a un mecanismo responsable” que logra los propósitos solicitados por el ejecutivo. Estos eran “aprobar un fondo para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y pagar la deuda con el BGF”, indicaron los senadores.
Los economistas Elías Gutiérrez y Gustavo Vélez coincidieron por separado en que el P. de la C. 2212 como está no garantiza la cantidad completa de la emisión de bonos que se pretende solicitar, lo que sostiene la postura del BGF. Ambos manifestaron que, ante la situación económica del país, es difícil obligar al mercado de bonos a otorgar una tasa de interés menor a 8.5 %, cuando la última emisión de deuda (con los TRANS) fue de 9 % y estando en rango especulativo. También fijaron a 93 centavos por dólar el descuento al que se pueden vender los bonos, “como si el Gobierno de Puerto Rico estuviese en posición de dictarle condiciones al mercado, y el mercado no va a aceptar eso”, sostuvo Gutiérrez.
Los economistas indicaron que eliminar el ajuste por inflación del impuesto cada cuatro años también afecta los recaudos de la medida a largo plazo y la garantía de repago. Vélez afirmó que, aunque en la isla no se aplica este ajuste inflacionario por estrategias políticas, “es algo que se utiliza en el mundo” cuando se aprueban impuestos.
En lo que no concuerdan los profesionales es en lo que debe ocurrir con la medida. Para Vélez, el Gobierno debe desistir de la crudita y buscar alternativas para atender las deficiencias en la ACT —que se debe reestructurar— y el BGF —que debe solicitar “ayuda” al Banco de Reserva federal—. Pero, para Gutiérrez, sin esta emisión “habría que cerrar el BGF o convertirlo en un banco comercial”, que esté bajo las condiciones de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC). “El problema con el BGF es que responde al ejecutivo y a la Legislatura, pero ninguno lo obliga a tener una política monetaria sensata. Todo lo contrario. Lo obliga a ser irresponsable… No acabamos de aceptar nuestra situación”, dijo, tras criticar la falta de seriedad con la que se atiende el tema económico.
