Opinión: Transparencia e interés público
El Tribunal Supremo de Puerto Rico, amparado en las dos constituciones que rigen nuestra jurisdicción, ha expresado en innumerables ocasiones que el derecho de…
Por Armando Valdés @armandovaldes
El Tribunal Supremo de Puerto Rico, amparado en las dos constituciones que rigen nuestra jurisdicción, ha expresado en innumerables ocasiones que el derecho de acceso a la información pública existe como corolario de los derechos de libertad de expresión, prensa y asociación. En otras palabras, que para que una persona pueda actuar de manera informada al momento de ejercer sus derechos como votante y ciudadano, debe poder estar plenamente consciente de las acciones que toma el gobierno.
A través de la historia de nuestra democracia, uno de los mayores déficits ha sido precisamente en el nivel de transparencia del aparato público. Los gobiernos no han enfocado seriamente en la necesidad de sistematizar procesos más abiertos, inclusivos y participativos. Las estadísticas económicas, de salubridad y de seguridad pública, en ocasiones se han guardado como secretos de Estado y, en otras, se han alterado. En ambos casos, la intención ha sido la manipulación de la opinión pública para fines político-partidistas.
Tan reciente como el cuatrienio anterior, el país fue testigo de varios intentos por parte del Gobierno de limitar el acceso a información y procesos que indudablemente eran públicos. El Instituto de Estadísticas fue asediado y, si no llega a ser por la valerosa gesta de su director, el Dr. Mario Marazzi, habría desaparecido. En el Senado, se cerraron las gradas del hemiciclo para impedir el acceso de los medios de comunicación, y se prohibía que senadores de minoría tuvieran acceso a información acerca del presupuesto de la Legislatura. En La Fortaleza y en OGP, se ocultó información sobre los salarios de los asesores del gobernador Fortuño y sobre la creación de puestos en las agencias, llevando a Carmen Yulín, Jaime Perelló y Eduardo Bhatia, a radicar demandas para lograr acceso a dichos datos.
En cambio, la administración del gobernador Alejandro García Padilla ha tomado pasos importantes para hacer un gobierno más abierto y transparente. Una de las primeras órdenes ejecutivas del gobernador, la 2013-06, buscaba, en palabras del propio Marazzi, “democratizar el acceso ciudadano” a las estadísticas. Por su parte, el principal ejecutivo de informática del gobierno, Giancarlo González, ha desarrollado toda una agenda para darle acceso a programadores puertorriqueños a los sistemas de información de las agencias públicas, mediante el uso de interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés). A través de esta iniciativa, se crea un ecosistema en el sector privado para utilizar la data que genera el Gobierno como un motor de desarrollo económico y para proveerle mayor y mejor acceso al ciudadano a la gestión pública.
Por otro lado, las controversias recientes sobre los informes de KPMG en Hacienda, Boston Consulting Group en Educación y Lisa Donahue en Energía Eléctrica, distan de ser verdaderas limitaciones a la información pública. Esto es así toda vez que dichos documentos no constituyen determinaciones finales de las agencias, sino que son instrumentos de trabajo que forman parte de un proceso interno de consideración de alternativas de política pública. Aún a nivel federal, donde existe el Freedom of Information Act, se ha reconocido el denominado “deliberative-process privilege”, mediante el cual el gobierno puede negarse a revelar memorandos internos que son parte de un proceso ejecutivo de toma de decisiones, siempre y cuando todavía no se haya tomado la determinación oficial. Dicha excepción le permite al gobierno evaluar, sosegadamente y sin que alternativas descartadas generen un histeria innecesaria, el mejor curso a seguir en beneficio del interés público.
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