Opinión: A terminar con el bacanal
Son muchas las cosas que fácilmente podría señalar sobre las altas multas que se le impusieron al PNP. Para empezar, que la Ley para el Financiamiento de…
Por Armando Valdés @armandovaldes
Son muchas las cosas que fácilmente podría señalar sobre las altas multas que se le impusieron al PNP. Para empezar, que la Ley para el Financiamiento de Campañas Políticas, bajo cuyo marco jurídico se crean la Oficina del Contralor Electoral y las reglas aplicables a las auditorías que la misma realiza de los gastos de cada candidato, fue una pieza legislativa presentada por la propia Fortaleza bajo la gobernación de Luis Fortuño. Que dicho proyecto de ley fue aprobado en ambos cuerpos, presididos en ese momento por Thomas Rivera Schatz y Jennifer González, con solo un voto del PPD.
Que la persona que luego fue nombrada contralor electoral, el señor Manuel Torres, había sido no solo secretario del Senado bajo Kenneth McClintock, sino además bajo el propio Rivera Schatz.
Podría decir también que los más de $300,000 en multas, el requerimiento de devolver más de $200,000 en donativos y el mal manejo de las finanzas de dicho partido —al punto de que recientemente fueron desahuciados de su sede— son indicativos de la incapacidad administrativa y fiscal de la que fuimos testigos todos los puertorriqueños durante la desastrosa gestión pública de Fortuño, Pierluisi y el resto del liderato anexionista.
Y, por supuesto, podría decir que la reacción del PNP ha sido como la de quien hace la ley, nombra al juez y luego se lamenta porque no le salió la trampa.
Pero decir todo eso no es siquiera la punta del iceberg. Las auditorías de los partidos evidencian la necesidad de acortar el periodo de campaña y reducir su costo. En las campañas se gasta demasiado porque duran demasiado. Ambas variables, tiempo y capital, a su vez dificultan el que figuras nuevas —no políticos de profesión— puedan lanzarse al ruedo electoral.
Por otro lado, los gastos de los partidos emergentes también deben ser escrutados públicamente. Aunque no forman parte de la auditoría, la Oficina del Contralor Electoral tiene para inspección pública un inventario de los egresos de todas las campañas. Las colectividades de recién creación, financiadas en su totalidad por fondos públicos, se convirtieron en proyectos de vanidad, contratando múltiples estilistas para candidatos calvos, empleando a familiares y manteniendo un manejo poco eficaz de la propiedad adquirida con el dinero de nuestras contribuciones. Todo para sacar, en el caso de un partido como el PPR, menos de un voto por colegio a un costo de $205 por sufragio.
En este contexto, resulta alentadora la propuesta del gobernador Alejandro García Padilla y del nuevo comisionado electoral del PPD, Guillermo San Antonio, para enmendar las leyes electorales acortando el tiempo de campaña, reduciendo el gasto público y obligando a los partidos de nueva inscripción a que recauden de donantes privados parte del dinero para sus campañas. Es un primer e importante paso para terminar con el bacanal partidista.
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