Cierre de escuelas viola derechos de niños de Educación Especial
El cierre de 71 escuelas del sistema público de enseñanza pudo haber constituido una violación a los derechos de los niños de Educación Especial, ya que no se…
Por Cindy Burgos @Cindy_Andreina
El cierre de 71 escuelas del sistema público de enseñanza pudo haber constituido una violación a los derechos de los niños de Educación Especial, ya que no se tomó en cuenta la recomendación de ubicación escolar realizada por el Comité de Programación y Ubicación (COMPU), que se deja llevar por las necesidades que identifica el Programa Educativo Individualizado (PEI) que debe seguir cada estudiante.
Esto salió a relucir ayer en las vistas públicas de la Resolución del Senado 842, que investiga el proceso seguido con los estudiantes de Educación Especial en el proceso de reorganización de escuelas del Departamento de Educación (DE).
“Para el DE revocar la determinación de ubicación del COMPU de cada estudiante con impedimentos en cada una de las escuelas que cerró tenía que volver a constituir la reunión del COMPU conforme es requerido por ley para que estos discutan entre las alternativas y facilidades entonces disponibles, acordarlo por escrito y proceder a completar los formularios requeridos”, explicó la presidenta del Comité Timón de Familiares con niños de Educación Especial, Carmen Warren.
Warren agregó que el cumplimiento de este proceso “era imposible a la fecha en que se determinaron los cierres de escuela debido a que los maestros de cada estudiante que la ley requiere participen del proceso estarían de vacaciones durante el verano”, por lo que el DE “ incurrió en una violación sistematizada del derecho de cada uno de los sobre tres mil estudiantes con impedimentos que estaban ubicados en las escuelas cerradas”.
Por su parte, el equipo legal del pleito de clase Rosa Lydia Vélez, compuesto por los abogados José Torres y Carlos Gómez, alegó que el cierre de estas escuelas, así como la reducción de $53.4 millones en el presupuesto de Educación Especial, era un “incumplimiento” por parte del DE, y así lo hicieron constar en una solicitud urgente de desacato presentada ante el tribunal.
Sin embargo, el comisionado especial que atiende el caso determinó dejar sin efecto la solicitud y les recomendó a los padres agotar “el remedio de querellas administrativas ante el DE” esto en relación con el cierre de escuelas, explicaron los letrados.
Presentaron una solicitud de reconsideración el 15 de julio y se pautó la vista para el 21 de agosto, cuando las clases comenzaban el 11. Se celebró la vista el 18 de agosto y el 19 el tribunal emitió una orden diciendo que “no cuenta con evidencia suficiente” para declarar el desacato, afirmaron.
No obstante, Torres y Gómez indicaron que había dos “contradicciones” en el presupuesto presentado por el DE ante el tribunal. La primera era que el presupuesto aprobado tomaba en cuenta 130,212 estudiantes de Educación Especial, cuando habían “certificado 160,521 activos al 18 de agosto”. La segunda, que la disminución presupuestaria real no fue de $53.4 millones, sino de $109.3 millones, ya que traspasaron $55.8 millones a un fondo de terapias.
Más de una decena de grupos magisteriales, de padres y de organizaciones que defienden los derechos de las personas con impedimento se presentaron ante la Comisión de Educación del Senado para realizar sus comentarios.
