Causa para arresto por fraude a comerciantes de Bayamón
Los 176 cargos corresponden a fraude por servicios a la flota vehicular del municipio.
Por Víktor Rodríguez @viktor_rodz
Tres individuos y dos corporaciones en Bayamón fueron acusados ayer a un total de 176 cargos por restricción al comercio, manipulación de precios, fraude e intervención indebida en operaciones gubernamentales por hechos ocurridos entre 2011 y 2012 en cotizaciones presentadas ante el municipio, informó hoy el Secretario Auxiliar a cargo de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia (DJ), Jesús M. Alvarado Rivera.
Según el funcionario, las corporaciones imputadas, First Class Body Shop Inc. y General Auto Interior Inc., rendían servicios de hojalatería y mecánica a la flota vehicular del municipio. En este caso, los comercios se enfrentan a 16 cargos cada una por el Artículo 2 de la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio.
Mientras que los individuos imputados —José Orlando Rivera Parés y Sheylla Z. Rivera Rivera, presidente y la administradora de First Class Body Shop, y el presidente de General Auto Interior, Angelo Fernández Arroyo— cada una se enfrenta a 16 cargos por el Artículo 2 de la Ley de Monopolios, 16 cargos por el Artículo 210 inciso B por fraude y 16 cargos por el Artículo 257 por intervención indebida en operaciones gubernamentales, estos últimos del Código Penal del 2004.
“Pudimos identificar 16 instancias en las que estos individuos y corporaciones se pusieron de acuerdo para fijar precios y manipular el proceso de competencia que debe darse en las contrataciones con el gobierno. En cada una de estas instancias estos empresarios lograron obtener contratos con el Municipio de Bayamón con prácticas que claramente restringieron la competencia, constituyeron fraude y una intervención indebida”, explicó el licenciado Alvarado Rivera, jefe de la OAM y fiscal especial que radicó lo cargos.
Los contratos producto de estas violaciones ascienden a cerca de $58,000. Las corporaciones se exponen al pago de una multa de entre $5 mil y $50 mil por violaciones al Artículo 2 de la Ley de Monopolios. Los individuos, por su parte, podrían enfrentar de $2,500 a $25,000 de multa y hasta un año de cárcel por cada cargo.
Por el Artículo 210(B) del Código Penal, los imputados podrían enfrentar entre 6 meses y 3 años de cárcel por cada cargo, además de la restitución del monto recibido por los contratos con el Municipio. Asimismo, se exponen a penas desde 3 hasta 8 años de cárcel por cada violación al Artículo 257 del Código Penal, sumado a la restitución fondos públicos.
“La práctica de la colusión, fijación de precios y manipulación de subastas es más común de lo que se piensa y puede estar sucediendo en muchos municipios y agencias públicas. Esta conducta es nociva al libre mercado porque tiende a elevar los precios de los productos y servicios que adquiere el Estado y crea una falsa apariencia de competencia justa donde no la hay. Para todos aquéllos que hayan incurrido o estén incurriendo en estas prácticas anticompetitivas el mensaje queda claro, la OAM los va a identificar y serán procesados”, estableció Alvarado Rivera.
La jueza a cargo de la vista de causa para arresto fue Jessica Morales del Tribunal Superior de Bayamón. La vista preliminar quedó pautada para el 2 de septiembre.
La radicación de cargos es resultado de una serie de adiestramientos que la OAM imparte a funcionarios de la Oficina de la Contralora (OC) para que estos logren identificar violaciones a la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio. Los hechos fueron referidos por la OC al DJ en mayo pasado.
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