Opinión: Hacia la refundación del debate
Aun cuando en una columna reciente expresé mis reservas con que el PPD se abriese a un debate sobre el estatus en este momento histórico —con el potencial que…
Por Armando Valdés @armandovaldes
Aun cuando en una columna reciente expresé mis reservas con que el PPD se abriese a un debate sobre el estatus en este momento histórico —con el potencial que existe para que se divida el partido— el nuevo libro del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá sienta una pauta importante de respeto y de intercambio de ideas nuevas que debiera imperar en el tono de la discusión.
El libro, cuya intención aparenta polemizar en una dirección novedosa, en un campo en el que aún el diálogo se ha anquilosado, se ha reducido en los medios de comunicación a la propuesta para que EE. UU. asuma la deuda pública del ELA. Sin embargo, el mayor acierto de la publicación es en su análisis de la situación que enfrenta Puerto Rico y en los elementos que inserta al discurso público sobre el estatus.
Si bien la idea de que el Gobierno federal asuma el repago de la totalidad de los bonos es casi ilusoria en el contexto del pensamiento fiscalmente conservador de un Congreso definido por la actitud recalcitrante del Partido Republicano, sí es correcto concluir que nuestra deuda masiva e impagable es un impedimento de marca mayor para que se atienda el tema del estatus en cualquier dirección que se escoja.
Tan es así que el propio Carlos Romero Barceló en una columna en el semanario de negocios Caribbean Business del 13 de noviembre de 2013 propuso que le Gobierno federal asumiera la deuda pública de un nuevo “Estado de Puerto Rico”. Pedro Pierluisi, por su parte, en semanas recientes ha abogado por enmiendas a la Ley de Quiebras federal para permitirles a las corporaciones públicas del ELA reorganizarse bajo dicho estatuto; nuevamente, un reconocimiento de parte del PNP a la importancia de resolver el tema de la deuda como un elemento para atender la discusión del estatus.
Aníbal también acierta al insistir en la necesidad de educar a los decision and opinion makers en EE. UU. sobre la situación de Puerto Rico y sobre los fundamentos legales y políticos del ELA. Por las pasadas dos décadas, el PPD ha cedido ese espacio, y el PNP lo ha ocupado en Washington, dirigiendo de tal forma la consideración de importantes aspectos de nuestra relación política.
En fin, insertar estos elementos en la discusión, aun cuando uno no coincida en todo con las conclusiones y las recetas, es una refundación muy necesaria del debate que nos consume a diario sobre el futuro político de nuestra patria.
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