Opinión: Esclavos

Para hacer un análisis justo, comencemos definiendo algunos términos. La insolvencia es la incapacidad de pagar una deuda. Un proceso de quiebra, por otro lado, es un mecanismo jurídico mediante el cual se protegen los derechos tanto del deudor como de sus acreedores, a fin de que el primero logre restablecer su solvencia y los segundos no pierdan la totalidad de la cuantía que se les adeuda. El hecho de que se inicie un proceso de quiebra no es evidencia de un fracaso; la insolvencia sí lo es. Y contrario a lo que algunos han dicho, no requiere ser decretada mediante decisión judicial; el que no puede pagar no puede pagar.

De no haber un proceso de quiebra, la insolvencia —condición que es en gran medida irremediable si no se pueden tomar medidas correctivas— produciría resultados que no son deseados por la sociedad. A manera de ejemplo, en la Antigüedad, algunas civilizaciones obligaban a una persona insolvente a ser esclavo de su acreedor. Ante esta práctica, antagónica a una concepción moderna de la dignidad humana, se comienza a desarrollar un cuerpo de derecho para regular estas eventualidades.

En Puerto Rico, la Ley de Quiebras federal no aplica a las entidades públicas. Este vacío no significa que las corporaciones públicas no puedan ser insolventes, solo que no pueden acogerse a un proceso que, de forma ordenada, les permita atender esa circunstancia y regresar a la solvencia. Toda vez que somos nosotros —el pueblo— los dueños de esas corporaciones públicas insolventes, en ausencia de un marco legal como el que se legisló, nos convertiríamos, tal como si estuviéramos de vuelta en la Grecia clásica, en esclavos.

Veamos el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hace apenas unas semanas, supimos que utilizó $100 millones de fondos destinados a obras de infraestructura para poder comprar combustible. Ante esta realidad, es muy probable que la Autoridad esté por quedarse sin dinero para operar. Esa condición de insolvencia —fracaso que venía cuajándose desde hace varias décadas— nos haría esclavos de apagones y aumentos en las tarifas. La corporación tampoco tendría los recursos para modernizar sus plantas y reducir costos a largo plazo, perpetuando así nuestra condición de sumisión.
En cambio, un proceso ordenado le permitirá a la Autoridad y a otras corporaciones reestructurar sus deudas, liberando así recursos que se podrán dedicar a modernizar la infraestructura, aliviar el bolsillo del consumidor y romper las cadenas de la servidumbre.

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