Opinión: Simbiosis
La histeria, y un extraño y súbito compromiso con las causas de los trabajadores aparentan haberse apoderado de las conciencias de algunos líderes del Partido…
Por Armando Valdés @armandovaldes
La histeria, y un extraño y súbito compromiso con las causas de los trabajadores aparentan haberse apoderado de las conciencias de algunos líderes del Partido Nuevo Progresista. En días recientes vimos a sus legisladores rasgándose las vestiduras y proclamando que la nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal era “aún peor que la Ley 7”. Resulta irónico que, al decirlo, admitan que la Ley 7 era mala —aun cuando fue su criatura— y que ahora la usen como referente comparativo de lo infame. Este mito politiquero que nos pretenden vender está muy lejos de la verdad.
Como también están enajenados de la realidad del país el puñado de líderes obreros que pretenden que sus patronos —entiéndase, la minoría que pagamos contribuciones en Puerto Rico—continuemos sufragando bonos exorbitantes, un día feriado para conmemorar a los astronautas y toda otra suerte de emolumento que no solo nos cuesta, sino que nada hacen por mejorar la productividad, la eficiencia y el servicio a la ciudadanía.
La Ley de Sostenibilidad, aunque no es la solución mágica a todos los problemas fiscales del país ni será la última medida que se tome, es otro paso importante para controlar el gasto público ante una situación económica que requiere que todos pongamos de nuestra parte. Como se han dado cuenta la vasta mayoría de las uniones de servidores públicos, no puede haber vacas sagradas.
La realidad es que la Ley de Sostenibilidad no ordena el despido de empleados públicos. Todo lo contrario, toma medidas para recortar gastos y así evitar las cesantías. Reduce en 10 % la contratación de servicios profesionales y en 20 % la nómina de confianza. Congela todo nombramiento nuevo y los aumentos de salario por cualquier concepto. Además, ordena a las agencias a reducir sus gastos de luz y agua.
Faltan otros ajustes. El modelo económico del país se basó en ciertos supuestos que ya no son válidos. El crecimiento, producto de la atracción de inversión extranjera, se ha detenido a partir de la eliminación de la sección 936. La población, que se presumía continuaría creciendo hasta superar los 4 millones de habitantes, ahora se achica y con ella la base de contribuyentes. Y el acceso a financiamiento también se ha complicado.
La comprensión de esta nueva realidad colectiva, y no la perpetuación de mitos para adelantar causas individuales, es la clave para salir de esta crisis sin que unos tengan que llevar sobre sus hombros toda la carga. Si Puerto Rico ha de tener un futuro, todos debemos poner a un lado las consignas simplonas y darnos cuenta de que dependemos de manera simbiótica los unos de los otros.
