Opinión: Moratoria

La política económica para salir del atolladero no puede estar secuestrada por unas entidades crediticias corruptas que provocaron en parte la crisis…

Por Calixto Negrón @PIPtwitteando

23 may 2014, 12:00 am 3 min de lectura

La  política económica para salir del atolladero no puede estar secuestrada por unas entidades crediticias corruptas que provocaron en parte la crisis financiera. Tal y como lo planteó hace meses el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el primer paso es no doblegarse ante ellas y el Gobierno exigir la posposición del pago y sentarse a renegociar la deuda, pero no a los  intereses usureros que se mencionan.

Sin embargo, esta acción por sí sola no resolverá la grave crisis que sufre Puerto Rico. Simplemente es una bocanada de aire momentánea para, sin respirar, articular e implementar medidas urgentes que estimulen el desarrollo económico y reduzcan el desempleo, lo que ampliaría la base fiscal. Para lograrlo, reitero que el Gobierno tiene que ser más eficiente en la utilización del Banco de Desarrollo Económico y la Compañía de Fomento Industrial creando nuevas empresas agrícolas y manufactureras que identifiquen nichos en los mercados internacionales y en la sustitución de importaciones cuando estas vienen de Estados Unidos o de países con los que ellos han logrado acuerdos de libre comercio, acuerdos en los que estamos excluidos por nuestra relación de “subordinación política”.

Es importante adoptar medidas noveles para atender la insuficiencia de ingresos del Gobierno, cumplir sus compromisos  y no arremeter, como lo está haciendo, contra la clase media trabajadora asalariada y los sectores más vulnerables mediante el arrebato de derechos, beneficios y la eliminación de servicios a la ciudadanía.

En momentos en que evalúan en el Congreso de Estados Unidos el imponer una tasa mínima de 15 por ciento  de contribución a base del Código de Rentas Internas Federal con respecto a las ganancias de corporaciones norteamericanas ubicadas en el extranjero,  lo que debe hacer el Gobierno de Puerto Rico es imponer una tasa de un 10 por ciento a la repatriación de ganancias que permitiría recaudar $3,600 millones adicionales para el fisco. Hasta Estados Unidos está adoptando nuestra propuesta de poner a pagar justamente a estas empresas. No hacerlo sería continuar con el abuso de las exenciones tributarias sin beneficio para Puerto Rico.

Esta propuesta debe ir de la mano con una revisión integral de nuestro sistema contributivo  para hacerlo uno más justo y balanceado. Esto se logra, en primer lugar, eliminando la distinción entre corporaciones exentas, es decir, las que no pagan contribuciones, y las no exentas, que son las que llevan una pesada carga contributiva que impide su progreso y nuestro desarrollo económico. Además, es necesario adoptar una política pública en la que todos los actores económicos del país paguen en justicia sus obligaciones contributivas. Se debe también adoptar una política de cumplimiento que ataje la evasión contributiva, tanto de individuos en términos de sus ingresos como de comercios que cobran el IVU, pero no lo reportan a Hacienda.

No obstante, estas medidas de por sí tampoco son suficientes. Una política económica exitosa requiere confrontar las limitaciones coloniales que nos impone el Gobierno Federal. Como único la economía de Puerto Rico puede crecer es diversificando sus mercados de exportación, diversificando sus fuentes de inversión y sustituyendo importaciones.

Delinear una nueva estrategia, amparada en los poderes de la independencia, que nos permita insertarnos en la economía globalizada del presente para no solo abrirle paso al capital puertorriqueño, sino para  ampliar las fuentes de capital y atraer empresas tanto norteamericanas como japonesas, europeas y de otras partes del mundo mediante tratados comerciales de carácter multilateral. Este es el curso a seguir que no aguanta moratoria.