Opinión: Inmediatez y futuro
La severidad de la crisis económica y fiscal nos obliga a considerar aun aquellas propuestas que hace apenas algunos años habríamos descartado de plano. El…
Por Armando Valdés @armandovaldes
La severidad de la crisis económica y fiscal nos obliga a considerar aun aquellas propuestas que hace apenas algunos años habríamos descartado de plano. El análisis de la conveniencia e idoneidad de estas debe dirigirse a establecer un balance entre los diversos intereses involucrados y a la obtención de resultados que promuevan el bien común en el presente sin arriesgar nuestra capacidad de crecer en el futuro.
Tal es el caso del Proyecto de la Cámara 2003, del representante Manuel Natal. No me cabe la menor duda de que esta iniciativa surge de su interés genuino por evitar que la creciente proporción del presupuesto gubernamental que se dedica al repago de la deuda acabe consumiendo la totalidad de los recursos que deberían destinarse a la provisión de servicios. En septiembre del año pasado, expresé un pensamiento similar en este rotativo cuando, aún antes de la degradación, escribí: “Con una reducción del principal adeudado y una liberación de recursos recurrentes actualmente atados al repago de bonos, Puerto Rico podría comenzar a dedicar más recursos al desarrollo económico, a reducirles las contribuciones a sectores productivos, y a atraer y retener nuestro talento joven”.
Sin embargo, el Proyecto de la Cámara 2003, que establecería una moratoria de tres años, extensible a tres años adicionales, al pago de la deuda de las corporaciones públicas y a la vigencia de los decretos de exención contributiva, podría tener efectos perjudiciales para la economía y su potencial futuro de crecimiento.
En primer lugar, laceraría la confianza de los bonistas —mucho de estos, puertorriqueños— en el crédito público. Difícilmente podríamos recuperarla en el futuro si ya hemos faltado a ella sin siquiera un proceso organizado para reestructurar nuestras obligaciones.
Ese precisamente es el tipo de proceso que establecería el Proyecto del Senado 993, de José Nadal Power y Ángel Rosa, creando un mecanismo similar a la quiebra para las corporaciones públicas insolventes. Así se les garantizaría a todos sus acreedores el debido proceso de ley, una reestructuración ordenada y la recuperación de parte de sus inversiones.
Segundo, el 2003, al decretar una moratoria a las exenciones de las corporaciones foráneas, ahuyentaría a la manufactura existente y a aquella que pueda estar considerando localizarse en Puerto Rico, toda vez que carecerían de garantías sobre las tasas contributivas que les aplicarían.
Dicho de otra forma, no podemos atender un problema inmediato poniendo en peligro el futuro. Puerto Rico tiene que proteger las herramientas que nos permitirán crecer, a saber, nuestra capacidad de invertir en infraestructura y de utilizar la autonomía fiscal del ELA para atraer inversión extranjera.
