Opinión: Justicia
La caída de los recaudos sorprendió a muchos cuando se dio a conocer hace una semana. Primero, porque el Gobierno venía reportando ingresos mensuales que…
Por Armando Valdés @armandovaldes
La caída de los recaudos sorprendió a muchos cuando se dio a conocer hace una semana. Primero, porque el Gobierno venía reportando ingresos mensuales que superaban no solo los recaudos del año pasado, sino también los estimados para este. Y segundo, porque el desplome en abril le deja menos de dos meses al Gobierno para maniobrar y buscar soluciones antes de que culmine este año fiscal.
No obstante, lo inesperado de este desarrollo no es razón para hablar de una conspiración masiva del sector empresarial para incumplir con su responsabilidad contributiva. En todo caso, las corporaciones que radicaron solicitudes de prórroga, algunas correctas y otras posiblemente incorrectas, están señalándole al Departamento de Hacienda su intención de cumplir y no están intentando esconderse del aparato público. Distinto es el caso de todas aquellas operaciones informales que en ningún momento hacen el más mínimo esfuerzo por hacerse visibles o peor que activamente se ocultan del Estado.
También es cierto que hay muchos otros villanos que le niegan al Estado la capacidad de solventar sus operaciones al disfrazar sus ingresos al abiertamente incumplir con diversos tributos o al apropiarse ilegalmente de dinero público. Pero esos no aparecieron en escena hace 30 días ni son de los que piden prórrogas para luego poder cumplir. Son de los que nunca han pagado la patente municipal, porque presuntamente no sabían que les aplicaba; de los que nos cobran el IVU y se lo meten al bolsillo; de los que les retienen contribuciones a sus empleados y no las remiten a Hacienda. Esos delincuentes no radican prórrogas porque no tienen la más mínima intención de cumplir —por lo menos no hasta que los cojan—.
Y ahí es donde siempre hemos fallado. Coger en algún error matemático o en una interpretación equivocada, de las complicadas y siempre cambiantes leyes contributivas, a quien hace el intento de cumplir es fácil. Pero coger al que se encubre y que con intenciones fraudulentas y criminales nos obliga a los demás a pagar más eso nos resulta difícil. Ahí es donde hay el mayor potencial para generar ingresos y para hacer justicia. Justicia de la buena, de la que haga pagar, con su libertad y sus bienes, a quienes sí nos han robado a los demás.
Ante el abismo, y viendo el resultado de la traición de unos pocos —directo, desnudo y destructor— en nuestras vidas y finanzas, debemos unirnos aquellos que cumplimos, de las clases trabajadora, media y empresarial, para exigir, en una sola voz, esa justicia.
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