Opinión: Botín político
El cuatrienio pasado, las procuradurías, como tantas otras instituciones puertorriqueñas, se convirtieron en parte del banquete total, y así sus fines debían…
Por Armando Valdés @armandovaldes
El cuatrienio pasado, las procuradurías, como tantas otras instituciones puertorriqueñas, se convirtieron en parte del banquete total, y así sus fines debían responder al partido en el poder. Las acciones del PNP involucraban, en algunas instancias, enmiendas mayormente cosméticas a las leyes orgánicas de las procuradurías, como fue el caso de la procuradora de Personas de Edad Avanzada, que pasó a ser “de las Personas Pensionadas y de la Tercera Edad”. Estas modificaciones justificaban sustituir la persona que ocupaba el cargo de procurador o procuradora, toda vez que se había creado una agencia “nueva”. De esta forma, la Legislatura encontró cómo cambiar la gerencia que se suponía tuviera un término de 10 años. Igualmente, les aplicaron la Ley 7 y, hacia finales del cuatrienio, intentaron consolidarlas todas bajo el manto de la Oficina del Ombudsman, una de las agencias más ineficaces e innecesarias en el organigrama del ELA.
De ahí que las protestaciones de la oposición política, ante las consolidaciones propuestas por el gobernador en días recientes, suenen huecas e hipócritas. Sin embargo, también resulta decepcionante que nos aboquemos ahora al revanchismo. El que el PNP haya pretendido politizar estas entidades no nos da derecho a hacer lo mismo. Todo lo contrario; debe ser un reto para que con desprendimiento patriótico detengamos el ciclo fratricida cuatrienal.
La caja de Pandora que se abrió difícilmente podrá cerrarse. La propuesta de La Fortaleza reconoce la necesidad de hacer más eficiente el aparato gubernamental, integrando las oficinas a otras agencias, pero mantiene en sus puestos a los procuradores y las procuradoras. Aun así, la realidad es que ninguna propuesta legislativa estará exenta de que una mayoría futura modifique las estructuras que ahora se establezcan para así adueñarse de ellas.
Por tanto, debemos repensar la estructura de estas oficinas. El intento por independizarlas respondía al propósito que les dio vida: fiscalizar la gestión pública en pro de las poblaciones que por ley deben defender. Para ello la ausencia de ataduras y lealtades es importantísima. La solución de extender los términos de estos funcionarios más allá del cuatrienio de un gobernante es razonable, siempre y cuando los partidos respeten, año tras año, este principio rector. En un ambiente político en el que no se respeta se convierten entonces en fuentes de patronazgo a largo plazo para el partido que pueda apropiarse de estas estructuras.
Ante esta realidad, la pregunta no es si deben o no consolidarse. La pregunta es si deben continuar existiendo como entes cuya independencia cada vez resulta más difícil garantizar. Y si concluimos que deben existir, cómo asegurarnos que dejen de ser botín en nuestra interminable guerra política.
