Abogados esperan que no se trastoque los derechos de los docentes

“Esperamos y confiamos en que la administración de García Padilla por fin se siente con las organizaciones que componen el Frente y busquen soluciones reales que no afecten a los maestros. Esto depende de la voluntad”, declaró a la agencia Inter News Service (INS) el abogado de Educamos, Rafael Ortiz Mendoza.

Agregó que “las organizaciones siempre han estado dispuestas, han dado alternativas, propuestas. También está el informe del comité de diálogo”.

Mientras que el abogado de Educadores Puertorriqueños en Acción (EPA), Francisco González Magaz, señaló a la agencia INS que la decisión del Tribunal Supremo no impide que la Legislatura proceda a la aprobación de otra ley, por lo que espera que comience un nuevo proceso y así una nueva ley.

No obstante, enfatizó que las reglas del Tribunal Supremo disponen diez días calendario para que haya una reconsideración, inclusive, una segunda reconsideración.

Según Ortiz Mendoza, los argumentos con más peso para que el Supremo tomara la determinación a favor de los maestros fueron que “la Ley 160 lejos de solucionar la crisis podría empeorarla” y que “había alternativas menos onerosas de menoscabo a las obligaciones contractuales del gobierno con los maestros que la hacían inconstitucional”.

Por su parte, el abogado de EPA indicó que “la opinión mayoritaria determinó que la ley menoscaba de forma sustancial los derechos contractuales de los maestros y por lo tanto es inconstitucional”.

“Para que fuera constitucional se tenía que probar que la ley era necesaria, razonable y adelantaba el interés público, pero se demostró que ponía en riesgo el Sistema de Retiro”, explicó González Magaz.
Mencionó además el argumento del riesgo del retiro en masa de miles de maestros y de que se agotarían los activos del Sistema.