Opinión: Privatización, no; Competencia, sí

En ocasión del debate de ayer sobre la reforma energética promovida por el presidente del Senado, reproduzco una versión editada de una columna sobre el tema…

Por Armando Valdés @armandovaldes

20 mar 2014, 11:00 pm 2 min de lectura

En ocasión del debate de ayer sobre la reforma energética promovida por el presidente del Senado, reproduzco una versión editada de una columna sobre el tema. Mantiene la misma vigencia hoy que cuando se publicó originalmente.

Para atender los problemas de la Autoridad de Energía Eléctrica no hay soluciones mágicas. No por ello podemos permitir la continuación del statu quo.

La privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica no ha sido planteada por el máximo liderato del actual Gobierno ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo. Sin embargo, el término se ha bandeado públicamente como un cuco para intentar detener cualquier propuesta que se dirija a un cambio profundo en la forma en que opera la Autoridad.

Lo que hace falta para bajar los costos de la electricidad en Puerto Rico no es que se privatice la Autoridad, sino que se inserte la competencia en el mercado de energía. Los proyectos que se debatieron ayer en el Senado promoverían esa meta.

Quienes se oponen a que operadores privados puedan entrar en el mercado de forma más agresiva apuntan a varias razones por las cuales no resultaría eficaz. Indican, por ejemplo, que un privado tendría interés en devengar una ganancia, lo que encarecería el costo de la generación. Aun así, a estos críticos se les hace difícil contestar cómo dos compañías privadas, AES y Ecoeléctrica, ya logran obtener una ganancia mientras generan energía a un promedio de entre 8 y 11 centavos por kW, la misma electricidad que cuando llega a nuestros hogares la pagamos por encima de los 20 centavos.

Ante esta realidad, el monopolio de la Autoridad sobre el mercado de energía eléctrica tiene que terminar. Como cualquier otra empresa, en la medida en que vea que sus clientes tienen alternativas y no están limitados a escoger entre el servicio de la Autoridad o no tener luz, se verá obligada a ser más eficiente, a reducir costos y eventualmente a pasarle esos ahorros al pueblo.

No permitir que las fuerzas del mercado operen de forma natural y que tengan ese efecto positivo sobre la manera en que se administra la Autoridad es condenarla a la obsolescencia y a que eventualmente otros gobiernos se vean obligados a tomar medidas mucho más drásticas. En fin, la competencia no solo lograría salvar la economía de los estragos que causa el alto costo de la electricidad, sino que a su vez salvaría a la Autoridad de sí misma.

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