Gobernador impulsa legislación para acabar con la evasión contributiva
El gobernador Alejandro García Padilla anunció hoy que remitió a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que permitirá el uso en los comercios de…
El gobernador Alejandro García Padilla anunció hoy que remitió a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que permitirá el uso en los comercios de procesadores de pago certificados para, junto con el intercambio de información entre los municipios y el Departamento de Hacienda, aumentar la fiscalización a la evasión contributiva.
Según el mandatario, este estatuto establece un esfuerzo conjunto de fiscalización mediante el intercambio de información, en el que los municipios proveerán al Departamento de Hacienda informes trimestrales electrónicos sobre las patentes municipales.
La legislación propuesta también representa una oportunidad de modernizar la manera en que se hace negocios en Puerto Rico, pues ahora, en lugar de tener dos máquinas que generan recibos, uno para la transacción y otro para el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), todo dueño de negocio se verá obligado a utilizar procesadores de pago debidamente certificados por el Departamento de Hacienda, dijo García Padilla en declaraciones escritas.
Con este método se persigue garantizar que los comercios estén registrados en el Departamento de Hacienda y en los municipios donde operan, y que lo hagan dentro de los parámetros que marca la ley.
Según se establece en el proyecto de ley, de esta forma “se adelanta la política pública de esta administración dirigida a una fiscalización más eficiente de los impuestos existentes para allegar más recursos a las arcas del gobierno sin la necesidad de imponer más contribuciones, de modo que se promueva la utilización óptima de los recursos gubernamentales a la vez que se incentiva el desarrollo económico de Puerto Rico.
García Padilla igualmente envío para la atención de la Legislatura un anteproyecto para enmendar la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor, con el fin de reducir la prima uniforme que se paga por concepto de este seguro de 99.00 a 88.00 dólares en vehículos privados de pasajeros y de 148.00 a 93.00 en vehículos comerciales.
Esta rebaja responde a un estudio llevado a cabo por la Oficina del Comisionado de Seguros, que catalogó como inadecuada la cuantía que el Estado Libre Asociado cobra actualmente por este tipo de seguro, se indicó.
También se sometió otra medida que crearía un fondo especial en aras de mejorar la difícil situación fiscal por la atraviesa la Autoridad de Carreteras y Transportación.
Este fondo especial se abastecería del equivalente a la cantidad que se ahorrará como resultado de la reducción en la prima uniforme del seguro de responsabilidad obligatorio.
Esta medida no representará un aumento en la renovación de la licencia, pues el costo total de este documento permanece inalterado, se aclaró.
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