Presentan proyecto para eliminar Panel del FEI
La función de investigar y procesar objetivamente a funcionarios señalados por casos de corrupción debe superar la vieja Oficina del Panel del Fiscal Especial…
La función de investigar y procesar objetivamente a funcionarios señalados por casos de corrupción debe superar la vieja Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) y dar paso a la creación de una nueva entidad más fuerte, con independencia de criterio y en la que la ciudadanía pueda depositar su confianza.
Así lo manifestó hoy el senador Cirilo Tirado Rivera, quien presentó a la consideración del Senado un proyecto para derogar la Ley 2 de 23 de febrero de 1988, bajo la que se creó la OPFEI, y dar paso a la creación del cargo de Procurador contra Delitos a la Función Pública.
El objetivo de la propuesta de Tirado Rivera, recogida en el proyecto del Senado 990, busca generar cambios fundamentales en la forma en que el Estado realiza sus procesos de investigación en casos de corrupción pública.
“Tenemos una responsabilidad de fortalecer la fe del País en su sistema de justicia. La OPFEI ha perdido su misión histórica y ha echado a perder su integridad como consecuencia de las enmiendas aprobadas por la pasada Legislatura y la forma tan arbitraria en que conducen sus investigaciones”, indicó el senador.
Dijo, además, que le corresponde a la Legislatura crear las medidas necesarias que garanticen los mecanismos imparciales e independientes en los que la ciudadanía pueda confiar al momento que se desarrollen investigaciones en casos de corrupción.
Para Tirado Rivera, las informaciones que han circulado en días recientes sobre los contratos de servicios a municipios y agencias públicas que tienen los fiscales del Panel del FEI, y el conflicto que eso representa, se suman a las flaquezas que viene mostrando hace varios años la operación de esa dependencia cuasi judicial.
“Hay dudas de la pulcritud e imparcialidad con que se pueden llevar a cabo las investigaciones en la OPFEI y para resolverlo es necesario mucho más que establecer controles. El momento exige que atendamos este asunto desde su raíz y demos paso a la creación de una nueva entidad investigativa más integra y menos costosa”, apuntó.
La figura del Procurador contra Delitos a la Función Pública, que impulsa Tirado Rivera, deberá ser un abogado que haya sido admitido al ejercicio de la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, con un mínimo de 15 años de experiencia en la profesión legal.
El Procurador será nombrado por el gobernador, sujeto al consejo y consentimiento del Senado y la Cámara de Representantes y su oficina estaría adscrita al Departamento de Justicia. Su nombramiento será por un término de diez años.
Según el proyecto de ley, el salario anual que devengará será igual al Procurador General del Departamento de Justicia.
Este Procurador tendrá la facultad de instar acciones criminales ante los Tribunales de Justicia fundamentadas en aquellas investigaciones realizadas contra todo funcionario electo y funcionarios públicos que ocupe un puesto regular, de confianza, de carrera o por contrato en el gobierno.
Además, declaró el senador, podrá llevar acciones contra todo individuo que haya ocupado cualesquiera de los cargos públicos mencionados, a quien se le impute la comisión de cualquier delito grave y menos grave, tales como que incurra en conducta inmoral o en actos ilegales que impliquen abandono inexcusable, negligencia inexcusable que resulta lesiva a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones.
El Procurador, a su vez, podrá suspender de empleo a un alcalde cuando se ha encontrado causa para arresto por delito grave y los delitos contra la función pública y el erario, o delito menos grave que implique depravación moral.
Al mismo tiempo, podrá instar acción para la destitución un alcalde cuando este incurra en conducta inmoral o en actos ilegales que impliquen abandono inexcusable, negligencia inexcusable que resulta lesiva a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones.
El proyecto presentado por Tirado Rivera enfatiza en que será el Secretario del Departamento de Justicia, el Contralor de Puerto Rico, el Director de la Oficina de Ética Gubernamental y el Comisionado de Asuntos Municipales quienes tendrán la obligación de referir inmediatamente al Procurador toda información recibida sobre cualquier funcionario que podría constituir conducta tipificada como delito contra la función gubernamental.
En los casos en que entienda, el Procurador Contra Delitos a la Función Pública podrá nombrar un Procurador Investigador para llevar a cabo una investigación en casos en que se reciba información confiable y que a su juicio constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito grave o menos grave.
“El pueblo merece tener confianza en sus instituciones y ya es tiempo de cambiar la forma en que se realizan las investigaciones a funcionarios públicos. Nuestra propuesta fortalece la independencia, neutralidad, integridad y transparencia del Estado en los procesos de investigación”, manifestó Tirado Rivera.
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