Opinión: La economía chatarra

El planteamiento fue retomado por otros economistas en la década del 60, cuando se advirtió que no fortalecer la participación del capital local en la inversión y no fomentar el ahorro traería una crisis fiscal y financiera. Se indicó que, si se continuaba la tendencia de importar  fondos externos, el pago de su costo al exterior crecería más que la economía y su capacidad para generar ahorros internamente.

En 1987, el presidente del PIP y senador en aquel entoces, Rubén Berríos, cuando se aprobó una reforma fiscal por parte del Gobierno de Rafael Hernández Colón, advirtió que de no imponerse una contribución mínima de 10 % al ingreso de fomento industrial, llegaría el momento en que el pagar el siempre creciente endeudamiento no iba a ser compatible con un presupuesto balanceado. (La reforma fiscal de ese año a lo que condujo fue a limitar los recaudos de las tímidas contribuciones que bajo la administración del gobernador Carlos Romero Barceló se les impusieron a las empresas “foráneas”).

En todas esas ocasiones, se alegaba que la crisis que se predicaba era irreal porque el Tesoro federal siempre iba a ofrecer ayudas, porque los bancos siempre iban a obtener financiamiento barato en el mercado norteamericano y porque los inversionistas americanos siempre iban a invertir en Puerto Rico.
Pero a lo largo de los años otras economías vecinas se volvieron más competitivas y lograron igual acceso al mercado norteamericano. El desempleo en Puerto Rico nunca se redujo a menos del 10 %; el Tesoro federal se cansó de que los privilegios bajo la sección 936 no se tradujeran en un mayor crecimiento de la economía de Puerto Rico; y hemos llegado a una encerrona colonial, sin poderes y recurriendo cada vez más al endeudamiento en sustitución de la inversión privada que no llega y, además, sin que la base contributiva  —con excepción del sector de las empresas “foráneas”— tenga la capacidad de pagar esa deuda.

Y quienes nos declaran los bonos como chatarra son unas entidades corruptas que provocaron en parte la crisis financiera por  la que atraviesa todavía la economía norteamericana. En Puerto Rico, tres de estas empresas cobraron cerca de un millón de dólares al sistema de retiro gubernamental, por recomendar  unas decisiones en 2007 que contribuyeron a aumentar el déficit actuarial del referido sistema de 82.8 % a 91.5 %, según se desprende del informe preparado por la Cámara de Representantes  a tenor con la Resolución de la Cámara Número 417 del 23 de febrero de 2009.

La  política económica para salir del atolladero no puede estar secuestrada por estas entidades.  El primer paso es no doblegarse ante ellas y que el Gobierno se siente a renegociar la deuda, pero no a los intereses usureros del 11 % que se mencionan. Segundo, no sucumbir a los intentos de mordaza de quienes comparten responsabilidad en el desastre, y ahora, en aras de una supuesta unidad para salir de la crisis, pretenden imponer la ley del silencio a los que por 30 años hicieron las advertencias y los llamados a la prudencia.