Dispuesto Titular de Justicia a acusar a cualquier funcionario público
El designado secretario de Justicia, César Miranda, aseguró hoy que no le temblará la mano al momento de tener que acusar a algún funcionario que haya violado…
Por Cindy Burgos @Cindy_Andreina
El designado secretario de Justicia, César Miranda, aseguró hoy que no le temblará la mano al momento de tener que acusar a algún funcionario que haya violado la ley, refiriéndose a las investigaciones que mantiene la agencia con los fraudes electorales en Guaynabo, Cataño y Villalba.
“Lo único que puedo decir es que si surge la evidencia que vincula a alguien, no digo a un alcalde, a un gobernador, con una acción que es ilegal, el deber, la responsabilidad es actuar, independientemente de qué sea. Y si uno no puede hacer eso, una renuncia conlleva una línea en una carta”, expresó el secretario de Justicia en entrevista radial (Radio Isla).
Aunque rechazó dar detalles de las investigaciones o si alguno de los alcaldes de los mencionados municipios están involucrados en las pesquisas, Miranda indicó que, si se encontrara evidencia, los acusará. “Yo no pienso irme, voy a estar aquí dándole lo que más puedo a Puerto Rico”, afirmó.
Miranda se mostró particularmente interesado en estos casos porque trastocan el sistema electoral del país, del que él también ha sido parte en su larga trayectoria profesional. “Cuando usted se involucra en el sistema electoral, entiende de verdad lo que es la democracia. El sistema electoral es la democracia, por lo tanto, cuando se violenta, se está violentando, lacerando la democracia”, sentenció.
El funcionario sostuvo que, en el caso de Guaynabo, donde se alega que el supuesto fraude estuvo vinculado a las primarias entre el representante Antonio “Tony” Soto, entonces aspirante, y el exrepresentante Ángel Pérez, ambos del Partido Nuevo Progresista (PNP), “hubo una conspiración para lograr el resultado que finalmente hubo”. Soto fue elegido candidato al escaño, que actualmente ocupa.
El fraude consistía en un esquema para cambiar las direcciones de varios empleados públicos, en su mayoría policías municipales de Guaynabo, a la región donde pudieran votar por uno de los dos candidatos. Luego se corroboró que las personas no residían en la dirección que alegaban.
“Hubo un primer grupo de acusaciones de unas 29 personas, hubo un segundo grupo de 16 acusaciones más. No quiero adelantar las gestiones que van a ocurrir, pero próximamente continuaremos tomando las acciones que sean necesarias”, señaló Miranda.
Agregó que este tipo de esquema “ha sido algo que no ocurría en Puerto Rico. Había siempre una que otra violación. Por ejemplo, usted se muda de residencia y no hace el cambio en la JIP (Junta de Inscripción Permanente) y cuando llegaba el día de las elecciones usted vota donde vivía anteriormente”. Este tipo de movida, que también puede considerarse ilegal, Miranda dijo que “estamos acusando para que retornemos al sistema más estricto posible en lo que es el derecho del elector puertorriqueño”.
En el caso de las investigaciones de los fraudes electorales en Catanno y Villalba, se trató de falsificación de firmas y otras irregularidades en la elección de los alcaldes.
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