Convierte en ley reestructuración Junta del Puerto de Ponce

La medida incluye establecer las responsabilidades de la junta, enfocar los objetivos, deberes, derechos y prerrogativas con la política pública a establecerse para el desarrollo del Puerto de las Américas “Rafael Cordero Santiago”, así como agilizar cualquier proceso de negociación entre la Autoridad del Puerto de Ponce y un operador internacional para la operación de la terminal marítima.

“Esta ley busca darle un impulso urgente y necesario al desarrollo del puerto de Ponce para convertirlo en eje de desarrollo económico para la región sur y para todo Puerto Rico”, señaló el primer ejecutivo tras aprobar estas enmiendas a la Ley de la Autoridad del Puerto de Ponce.

La nueva junta de directores será copresidida entre el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el director del puerto de Ponce, dependencia adscrita al municipio de Ponce. Los restantes miembros serán tres personas nombradas por el gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado (dos de los cuales serán residentes bonafide del Sur de Puerto Rico y un representante del interés público), y dos personas nombradas por la alcaldesa de Ponce.

Los nombramientos de la alcaldesa de Ponce deberán ser refrendado por la Legislatura Municipal.

Además, los miembros de la junta de directores serán nombrados por un período de seis años, excepto los miembros de la junta en virtud de cargos como funcionarios del gobierno o del municipio de Ponce, que ocuparán sus posiciones hasta que sus sucesores sean nombrados.

Sucesivamente, los tres miembros nombrados por el gobernador serán nombrados por períodos de cinco años y los dos miembros nombrados por la alcaldesa de Ponce serán nombrados por cuatro años.

Los miembros a nombrarse en la junta tendrán que tener experiencia en el comercio marítimo internacional y estar debidamente capacitados para cumplir con los objetivos que persigue esta ley.

No podrá ser nombrado miembro de la junta una persona que tenga interés económico, directo e indirecto, en alguna empresa privada dedicada al negocio de actividad marítima.

Además, ningún miembro de la junta podrá ser un funcionario electo o persona que haya participado en alguna elección para algún puesto político bajo cualquier partido.

Sobre esta reestructuración de la junta, que enmienda la Ley 240 de 2011, el mandatario destacó que convertirá a la autoridad en un ente “libre de los vaivenes político partidistas. La nueva composición reconoce la necesidad de la participación de personas con conocimiento en la industria de transporte marítimo y no menos importante, la participación de residentes del área sur de la isla.”

La junta tendrá como responsabilidad primaria conseguir un operador de calibre internacional para el desarrollo del puerto de Las Américas “Rafael Cordero Santiago”, así como un administrador para las Zonas de Valor Añadido, ambos con el requisito de tener probada experiencia.

Los objetivos del operador y el administrador están dirigidos a propiciar el desarrollo económico de las zonas donde se establecen.

La ley dispone también la transferencia de los activos de la Autoridad del Puerto de las Américas y del municipio de Ponce a la Autoridad del Puerto de Ponce, que se deberán formalizar en 60 días.

En cuanto a la franquicia concedida por el gobierno al municipio de Ponce para la operación de las instalaciones, la misma se transferirá de forma temporera a la Autoridad del Puerto de Ponce por un período de diez años.

Expirado el período, la franquicia regresará al gobierno municipal.