Opinión: Perspectiva histórica

La más reciente advertencia de Moody’s nos obliga a tomar acciones urgentes, pero también a hacer una reflexión sobre el pasado. Las propias expresiones de las…

Por Armando Valdés @armandovaldes

12 dic 2013, 11:00 pm 2 min de lectura

La más reciente advertencia de Moody’s nos obliga a tomar acciones urgentes, pero también a hacer una reflexión sobre el pasado. Las propias expresiones de las casas de crédito en los últimos años nos proveen una guía.

El 17 de marzo de 2008, Standard & Poor’s, en un informe sobre el presupuesto del año fiscal 2009, reconoció que “desde el cierre de Gobierno y la adopción de la Ley de Reforma Fiscal de 2006, los controles de gasto han mejorado”.

El 3 de septiembre de 2008, Moody’s publicó un informe sobre la deuda del ELA en el que reconocía “el fuerte compromiso de la gerencia [del Gobierno] con la reforma contributiva y fiscal” y señalaba como reto el “déficit actuarial del sistema de pensiones”.

El 22 de diciembre de 2008, Standard & Poor’s advirtió que “dado el rol dominante del gasto público en la economía de la Isla, la reducción en el gasto gubernamental sin un aumento en el empleo en el sector privado podría ahondar la recesión y ampliar el déficit”.

Estas expresiones, tomadas en conjunto, apuntan a que, aún con los retos restantes, el Gobierno había comenzado a enderezar las finanzas —manteniendo el gasto público bajo control y reduciendo la nómina a través de la congelación de puestos—.

El gobernador Luis Fortuño tomó esta situación, que todos reconocían comenzaba a dar atisbos de mejoría, y optó por la doctrina del shock. Según reconoció la propia Asociación de Economistas en febrero de 2009, su equipo fiscal sobrestimó el déficit para justificar el despido de 30,000 empleados públicos y para tomar prestados, en los primeros días de la administración, $7 mil millones. A esta cuantía se suma el despilfarro de otros $7 mil millones de fondos ARRA.

En resumen, se endeudó al país a niveles insostenibles, se redujo la nómina pública de forma indiscriminada y no se hizo nada por atender a tiempo el problema del Retiro. Fortuño y su Gobierno desoyeron a los que ahora sus correligionarios citan como oráculos.

El resultado era de esperarse. La recesión se ahondó, se perdieron más de 100,000 empleos y el déficit estructural, que en el proceso de transición de 2008 yo calculé en $2,333 millones, se mantuvo esencialmente inalterado, habiéndose certificado por el actual Gobierno en $2,213 millones.

El informe más reciente de Moody’s debe leerse en el contexto de esa desatención del pasado cuatrienio a los problemas fiscales. El que no hayan degradado ahora es un reconocimiento de las gestiones del Gobierno de Alejandro García Padilla y un llamado a atender el déficit del Retiro de Maestros, a mejorar los recaudos y a crecer la economía.