Opinión: Criterio independiente

Los  recientes  casos  en  los  que  el FEI no ha logrado tan siquiera llegar a primera base en el procesamiento de alegadas actuaciones ilegales por parte de funcionarios de ambos partidos nos obliga a cuestionar la idoneidad de dicha oficina.
La  razón  de  ser  de  esta  entidad pública es evitar que en la radicación —o no radicación— de cargos criminales contra oficiales gubernamentales intervenga el criterio partidista.
Aun así, los exjueces que toman importantes  determinaciones  en  este sentido son nombrados al panel por el  gobernador  y  confirmados  por  la Legislatura. Por ende, el FEI siempre ha  sido criticado  —por  rojos  y  azules— dependiendo del acusado y del gobernador  que  haya nombrado  a los exjueces.
El  problema  de  parcialidad  política  —sea  real,  percibido  o  algo entremedio—  no  es  el  único que impide  el  buen  funcionamiento  de esta  oficina.  Investigar  y  procesar delitos  contra  el  interés  público  en un Gobierno del tamaño del nuestro es una tarea casi imposible para una oficina a la que se le asignan apenas $2.8 millones y que cuenta con unos 20 empleados.
La propuesta para eliminar el FEI es  el  resultado  natural  de  la  frustración del país ante su ineficacia. Sin embargo,  haríamos  un  mayor  daño si la eliminamos sin considerar alternativas  que  atiendan  la  misión  importante que tiene asignada.
De  eliminarse  el  FEI,  un  camino de  reforma  posible  sería  independizar al Departamento de Justicia de la Rama  Ejecutiva.  En  Estados  Unidos, 43  estados  eligen  por  voto  mayoritario  a  sattorney  general,  el  equivalente a nuestro secretario de Justicia.
La  idea  detrás  de  esta  separación adicional de poderes es permitir que el  secretario  ejerza  su criterio  independiente  para  encauzar  cualquier delito, aún en el caso de funcionarios gubernamentales. Por otro lado, con los recursos de todo un Departamento —cuyo presupuesto para que esta propuesta  funcione  debería  ser  fijado  por  fórmula  constitucional—  el
pueblo no dependería de un minúsculo  aparato  burocrático  para  que vele por sus intereses.
Para  aislar  esta  figura  aún  más de  posibles  influencias  de  cualquier colectividad,  y  para  que  el  proceso eleccionario en sí no agudice la politización del cargo, la elección del secretario habría que celebrarla de forma  no  partidista,  cada  cuatro  años en  el  punto  medio  del  cuatrienio  y sin que pueda postularse una segunda vez. Finalmente, al secretario debería aplicársele, antes y durante su
término, un requisito constitucional similar  al  de  los  jueces  a  los  efectos de que no pueda participar, ni haber participado, en asuntos político partidistas.
Aunque  esta  propuesta  resulte ambiciosa  y  requiera  enmendar  la Constitución,  no  debemos  conformarnos con un sistema que, evidentemente, no funciona.