Policía descarta pagar a familias por muerte natural de agentes

Aseguran no hay dinero suficiente.

Por Por Inter News

22 abr 2013, 11:00 pm 2 min de lectura

El superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, indicó hoy que la agencia que dirige no puede asumir la responsabilidad económica de otorgar 12 mensualidades a los familiares de los agentes muertos por causas naturales o accidente no relacionado a su trabajo.

Así lo dejó saber la asesora legal de la Policía, Estrella Vega, quien leyó la ponencia del superintendente en las audiencias públicas del proyecto de la Cámara 11 que busca enmendar la Ley 53 de 1996, Ley de la Policía de Puerto Rico, para extender el beneficio antes mencionado.

La discusión se da en momentos en que el gobierno maneja un aparente paro de brazos caídos en la Uniformada debido a la falta de pago del exceso de días de enfermedad y los cambios en los Sistemas de Retiro.

“Aunque reconocemos que la pérdida de un ser amado es un asunto que no puede ser cuantificado, la agencia no puede asumir la responsabilidad económica que implica esta medida”, expresó Pesquera por escrito.

La determinación deriva del análisis económico que realizó la agencia en el que estiman el impacto fiscal en 860,220 dólares, tomando en cuenta que en 2012 se reportaron 27 casos de muertes no ocupacionales y que se les otorgará a los familiares 12 pagos de 2,655 dólares cada mes.

El superintendente explicó que en lugar de otorgar 12 mensualidades correspondientes al salario bruto del agente, se otorgarán tres mensualidades en el caso de muertes en accidentes de tránsito no causados por negligencia del uniformado ni bajo efectos del alcohol o causas naturales.

Al momento, la Ley de la Policía de Puerto Rico otorga el beneficio de 12 mensualidades correspondientes al salario bruto del oficial a los familiares de éste, en caso de que fallezca en el cumplimiento del deber.

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Carlos Rivas, pidió el número de agentes que fallece por causas naturales o accidentes anualmente para hacer un análisis fiscal de la propuesta previo a expresar su total apoyo o desacuerdo.