Gobierno prefiere empresa privada sobre Instituto de Ciencias Forences

A pesar de que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) cobra 13.00 dólares por las pruebas de detección de sustancias controladas, contrario a empresas…

Por Por Inter News

4 abr 2013, 11:00 pm 2 min de lectura

A pesar de que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) cobra 13.00 dólares por las pruebas de detección de sustancias controladas, contrario a empresas privadas en las que se pagan 20.00 dólares, entidades gubernamentales prefieren la segunda opción.

Así lo informó el director interino de la División de Toma y Análisis de Pruebas Especiales del ICF, Jorge González, quien indicó que en la agencia se realiza el análisis en menos de 24 horas, contrario a entidades privadas, que pueden tardar hasta tres días por el mismo servicio.

González participó hoy de las vistas públicas del proyecto de la Cámara 250, el que pide establecer al ICF como la primera opción en las instrumentalidades públicas del país para la administración y análisis de pruebas de dopaje, esteroides anabólicos y pruebas de alcohol de aliento y sangre.

Esta medida permitiría entre 1.5 y 1.8 millones de dólares adicionales anualmente para el ICF, según el director de la división que administraría las pruebas. González indicó que “desconozco por qué el gobierno no nos llama siempre (como primera opción) para hacer las pruebas”. Afirmó que el ICF tiene la capacidad para aumentar las pruebas que realizan, ya que actualmente sus operaciones se encuentran por debajo del 50 por ciento de lo que podrían analizar.

“Hemos atendido hasta mil muestras en un día. Ahora estamos entre 200 y 250 pruebas diarias”, detalló González a preguntas del representante Luis Vega Ramos, autor de la medida y quien presidía hoy la Comisión de Gobierno en lugar del legislador José “Conny” Varela.

Para Vega Ramos, “la posibilidad de que el ICF pueda generar sobre un millón de dólares anuales sin dislocar las funciones, para mí es extraordinaria”. El ICF recomendó que la medida sea implementada en la rama judicial, legislativa y municipal.

“Si el instituto no pudiera igualar el precio u ofrecer el servicio deberá certificarlo así ante el cliente como condición previa a la realización del contrato con otras entidades”, declaró González como otra de las sugerencias que hizo al proyecto.