Históricos casos de pena de muerte en Tribunal Federal
El Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto Rico atiende dos casos en que los acusados podrían enfrentar la pena de muerte, lo que ha motivado la oposición…
Por Por Inter News
El Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto Rico atiende dos casos en que los acusados podrían enfrentar la pena de muerte, lo que ha motivado la oposición de varios sectores y organizaciones contrarias a esta sentencia.
La Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte, que agrupa cerca de 42 organizaciones cívicas, políticas y religiosas, se opone a la sentencia, ya que bajo la Constitución de Puerto Rico está prohibida. La última ejecución en la isla fue en 1927, cuando Pascual Ramos fue ahorcado por asesinato.
Sin embargo, en la esfera federal –a nivel de Estados Unidoa- sí está autorizada la pena de muerte en más de 30 estados. Alexis Candelario Santana, encontrado culpable el pasado 8 de marzo por la masacre de La Tómbola, en Toa Baja, y por organizar una ganga criminal que cometió otros 19 asesinatos, se encuentra en la segunda fase de juicio, en la que un jurado federal determinará si el imputado enfrenta una pena de muerte o una cadena perpetua. El sujeto, de 41 años, tiene en su contra 37 cargos por el asesinato de nueve personas y herir de bala a otras 20 durante la masacre ocurrida el 17 de octubre de 2009.
En tanto, Lashaun Casey, el segundo imputado que podría enfrentar la pena de muerte fue encontrado culpable en la tarde de hoy por violación a la Ley de Armas y de asesinar a un agente encubierto en 2005. Un jurado compuesto por 16 personas, de manera unánime, halló culpable al imputado de asesinar a Jesús Lizardi Espada. Durante el juicio, que se extendió por dos semanas, la fiscalía utilizó 20 testigos mientras que la defensa dos.
El 1 de agosto de 2005, el agente Lizardi Espada desapareció cuando se proponía a viajar a la isla municipio de Culebra junto a Casey para la compra de cuatro libras de marihuana.
El cuerpo del policía apareció cuatro días después, el 5 de agosto, en estado de descomposición en una estructura abandonada en un sector rural del municipio de Luquillo.
El próximo 25 de marzo, comenzará la segunda fase del juicio, en el que se presentarán agravantes para que el jurado decida si Casey debe ser condenado a muerte o a cadena perpetua.
