Impuesto a foráneas no es el salvavidas de la economía PR

“Estamos esperanzados en lograr plantear al Gobierno unas alternativas viables para revertir el impacto en la industria de la imposición de un arbitrio de 4 % por 5 años”, dijo Waleska Rivera, presidenta de la AIPR, con relación a la posible extensión de la Ley 154 a 5 años adicionales a un 4 % de arbitrio.

Ante este panorama, Metro habló con el catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Argeo Quiñones, respecto a los pros y contras de la Ley 154 para la economía local y a su vez para las industrias foráneas.

Aunque Quiñones entiende que el sector empresarial debe aportar más a la economía, el Gobierno debe ser cauteloso a la hora de intervenir con él.

Por ejemplo, para el experto, imponer el impuesto de 4 % no fue la mejor decisión. “En lugar de aumentarles las contribuciones, yo les exigiría en el decreto de exención contributiva que firman con el Gobierno, no solo la creación de empleos; yo les exigiría que compraran un por ciento más elevado de lo que compran necesario para su producción en Puerto Rico”, explicó Quiñones.

En el  caso de las farmacéuticas, el economista subrayó que se puede exigir que vendan el producto directamente en Puerto Rico para economizar todo los costos de intermediación y de transporte y con ello ofrecer productos a precios más bajos a los consumidores.

Fechas 2010- Aprobación Se aprueba el estatuto de 4 %  de arbitrio a empresas foráneas. 2011- Inicio Entra en vigor la Ley 154 con el cobro del 4 %. Se obtiene un recaudo de $677,565,0000. 2012- Recaudo El recaudo de este arbitrio bajó a 3.75 %, y logró el ingreso de $1,882,621,000. 2013- Propuesta de extensión de la ley                                                                                                                                                            Gobierno de Alejandro García Padilla propone extender la Ley 154.

En otro renglón, Quiñones también mencionó que el Gobierno no puede depender solo del sector privado para encarar sus problemas fiscales.

“No se puede esperar que el sector privado venga a responder a un reclamo social y sacrifique sus ganancias, porque la lógica del sector privado es la acumulación sin restricciones de ganancias, con muy poca atención al costo social. Entonces, si ellos vienen a Puerto Rico a invertir y llegan con un cuadro contributivo, normativo, gubernamental, etc. y tú vienes y les cambias los términos, se van y montan sus líneas de producción en otras partes del mundo”, explicó el catedrático.

De manera que la esfera pública debe barajar otras cartas. Entre estas, Quiñones mencionó la transición del impuesto sobre la venta (IVU) a un impuesto sobre el valor añadido (IVA), ya que este último es menos vulnerable a la evasión. Añadió que el Departamento de Hacienda debe fortalecer todo lo que tenga que ver con la fiscalización del pago de las contribuciones en los altos niveles de ingreso de la sociedad, cortar el malgasto del presupuesto anual  y evitar la sobrefacturación de sus suplidores.