Senado federal examina a los territorios entre crisis energéticas, fragilidad fiscal y cuestionamientos sobre gobernanza

El presidente del Comité, el senador Mike Lee, cuestionó a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, sobre si el Congreso podía confiar en su administración para evitar el mal uso de fondos federales. La pregunta llegó inmediatamente después de que Lee la cuestionara acerca del escándalo en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), cuyo exsecretario Sebastián Negrón Reichard alegó presiones indebidas en procesos de contratación, lo que provocó su renuncia y la salida de otros diez altos funcionarios.

González Colón rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas de “completamente falsas” y señalando que el contrato de publicidad al centro de la controversia nunca se adjudicó.

“La acusación de que mi oficina, yo o mi jefe de gabinete estamos implicados es completamente falsa”, afirmó. “No hay pruebas de eso”. Añadió que la queja de los empleados en el centro de la disputa había sido formalmente remitida para su investigación y que la persona en cuestión está impugnando la acusación.

Lee insistió, preguntando por qué un funcionario de alto nivel haría acusaciones que “sabría que podrían resolverse” si no fueran ciertas. González Colón declinó especular y dijo solo que no sabía qué “motivaciones políticas” podría haber tenido. También, aclaró que la dimisión del director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia —citada como parte del supuesto patrón— no estaba relacionada y se debía a un asunto familiar que le fue revelado en abril.

La gobernadora aseguró que la investigación está en manos del Departamento de Justicia de Puerto Rico y destacó que su administración ha ampliado la colaboración con inspectores generales federales, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y el Negociado Federal de Investigaciones para reforzar la supervisión del uso de fondos federales.

“Ningún fondo federal ha sido mal utilizado”, aseguró.

Ese momento inicial dejó claro que el Senado no solo examinaría las necesidades de los territorios, sino también su capacidad de gobernanza en un momento en que cada jurisdicción enfrenta presiones económicas, energéticas y climáticas sin precedentes.

CNMI: turismo colapsado, un tifón y un gobierno al borde del precipicio fiscal

El gobernador de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMI, en inglés), David Apatang, presentó uno de los testimonios más alarmantes. Describió un gobierno “aún en recuperación” tras una combinación devastadora: el colapso del turismo, el aumento global en los costos de combustible y los daños causados por el supertifón Sinlaku hace apenas nueve semanas.

Las llegadas de visitantes se han desplomado de 607,000, en 2018, a unas 104,511 proyectadas para este año fiscal. La capacidad aérea cayó 78%. Los ingresos del impuesto hotelero, vitales para la Marianas Visitors Authority, se redujeron de $14.2 millones a $1.4 millones. En abril, los ingresos gubernamentales cayeron 32% por debajo del nivel base, mientras el CNMI ya ha incurrido en más de $2.6 millones en gastos no presupuestados por el desastre.

“Estamos tratando de reconstruir el turismo con una fracción de los asientos aéreos, visitantes y recursos de mercadeo que existían cuando la industria estaba saludable”, dijo Apatang.

El gobernador también defendió el programa EVS TAP, que permite la entrada sin visa de ciertos visitantes, incluyendo ciudadanos chinos. Bajo cuestionamiento de Lee, insistió en que el CNMI toma la seguridad nacional “muy en serio”, pero advirtió que eliminar el programa sin un sustituto “sería muy perjudicial” para una economía ya debilitada.

Apatang pidió mayor participación federal en la recuperación, alivio de cabotaje, apoyo para restaurar el servicio aéreo y una moratoria sobre la minería en aguas profundas alrededor de las Marianas.

Puerto Rico: apagones, litigios y un inminente precipicio de Medicaid

En su testimonio, González Colón destacó avances en la estabilización del sistema eléctrico, asegurando que su administración ha logrado restaurar más de 1,300 megavatios mediante conversiones a gas natural, reparaciones de turbinas y nuevas baterías financiadas por FEMA y el Departamento de Energía.

Pero los senadores se enfocaron en la persistente inestabilidad del sistema y en la batalla legal de su administración para cancelar el contrato con LUMA Energy. El senador Martin Heinrich preguntó quién administraría la red si el contrato se anula.

“Queremos un operador privado”, respondió la gobernadora, explicando que el gobierno solicita al tribunal un periodo de transición de un año para abrir un proceso competitivo. “No estamos buscando que el gobierno vuelva a operar el sistema”.

Los senadores también abordaron el inminente “precipicio de Medicaid”. González Colón advirtió que, si el Congreso no actúa antes de 2027, Puerto Rico enfrentará una caída “catastrófica” en fondos federales que afectará a 1.3 millones de beneficiarios.

La gobernadora reiteró, además, su defensa de la estadidad, calificando otras propuestas de estatus, como la del Estado Libre Asociado Agrandado, de “fantasías inconstitucionales”.

Guam: infraestructura civil al límite en el corazón de la estrategia militar

La gobernadora de Guam, Lou Leon Guerrero, centró su mensaje en la importancia estratégica de la isla para la defensa estadounidense. Con una de las mayores redistribuciones militares en el Pacífico en marcha, advirtió que la infraestructura civil —energía, salud, vivienda y fuerza laboral— no está preparada para sostener la misión.

“El filo de la lanza solo es tan fuerte como la comunidad que lo sostiene”, afirmó.

Leon Guerrero pidió reactivar el Comité de Ajuste Económico, extender las flexibilidades del programa H 2B más allá de 2029 y asegurar financiamiento federal para un nuevo complejo médico. Confirmó, además, que Guam ha sido blanco reciente de ciberataques, lo que subraya la vulnerabilidad de un sistema eléctrico que también alimenta bases militares.

En materia económica, urgió a incluir a Filipinas en el Guam CNMI Visa Waiver Program para fortalecer el turismo, un sector que considera esencial para la resiliencia económica y estratégica de la isla.

American Samoa: dependencia extrema del diésel y un sistema energético frágil

El gobernador de American Samoa, Pula’ali’i Nikolao Pula, describió un panorama energético crítico: entre 95% y 98% de la generación eléctrica depende del combustible diésel importado. Las tarifas han aumentado a $0.54 por kilovatio-hora, casi el triple del promedio estadounidense.

Aunque la isla está desarrollando su primer proyecto solar con baterías a escala de utilidad, Pula insistió en que la modernización de la red, un centro nacional de control y una mayor integración de energías renovables requieren apoyo federal sostenido.

También solicitó $40 millones para construir una torre de control de tráfico aéreo operada por EE. UU., señalando que actualmente dependen de Samoa para ese servicio —a su juicio, un riesgo operativo y de seguridad nacional.

Islas Vírgenes: desigualdad en Medicaid, una refinería detenida y tensiones marítimas

El gobernador de las Islas Vírgenes, Albert Bryan Jr., ofreció uno de los testimonios más contundentes sobre la inequidad federal. Denunció el tope de Medicaid bajo la Sección 1108 como “una falla moral” que obliga al territorio a racionar servicios cuando los fondos federales se agotan a mitad de año.

Pidió eliminar el tope, extender el programa de Ingreso de Seguridad Suplementario a los territorios y ordenar, a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, que actualicen las bases de costo hospitalario, que no se han revisado en décadas.

Bryan también presionó para reabrir la refinería de Santa Cruz, argumentando que es vital tanto para la economía local como para la seguridad energética de EE. UU.

Además, denunció las nuevas tarifas impuestas por las Islas Vírgenes Británicas a embarcaciones de chárter estadounidenses, calificándolas de discriminatorias y perjudiciales para la industria marítima del territorio. Solicitó la intervención diplomática del Departamento de Estado.

Mensaje común

A lo largo de la audiencia, los gobernadores coincidieron en que los territorios operan con márgenes cada vez más estrechos, infraestructuras envejecidas y presiones externas crecientes, desde desastres climáticos hasta tensiones geopolíticas.

Todos insistieron en que las decisiones federales en los próximos meses determinarán si sus economías logran estabilizarse o entran en una fase más profunda de fragilidad.