Un proyecto de ley en la Cámara de Representantes busca fijar por ley un programa federal que ofrece descuentos de medicamentos a centros de salud primaria, conocidos como 330, para que utilicen esos ahorros en servicios complementarios a poblaciones vulnerables.
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En el Programa 340B, creado por el Congreso de Estados Unidos en 1992, participan manufactureros de medicamentos en Medicaid, el programa que financia el Plan Vital, y son los llamados a ofrecer el descuento. Pero los administradores de beneficios de farmacias (PBM, en inglés), en varias jurisdicciones, han movido a limitarles los pagos a estos centros elegibles.
El Proyecto de la Cámara 732, sometido por petición de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico (ASPPR), que agrupa a los centros 330 que ofrecen servicios a más de 474,000 pacientes, propone evitar esos límites para asegurar una continuidad a medicamentos y servicios adicionales que reciben los pacientes en los centros.
Según la directora ejecutiva de la ASPPR, Darielys Cordero Rosario, algunos servicios que ofrecen por estos ahorros son coordinación de servicios multidisciplinarios, manejo de enfermedades crónicas, clínicas de salud mental, apoyo social, transportación, visitas al hogar, entrega de medicamentos, vacunación, entre otros recursos.
“Cada centro atiende las necesidades específicas de la comunidad a la cual sirve. Por ejemplo, lo que es prioridad en Loíza, puede ser distinto en Mayagüez”, detalló.
El proyecto está bajo evaluación por la Comisión de Salud del Senado y, en vista pública, relució la oposición del Departamento de Salud (DS), la Administración de Seguros de Salud (ASES) y la Asociación de la Industria Farmacéutica (PIA, en inglés) por un posible impacto fiscal.
Según el licenciado Carlos Santiago Rosario, director ejecutivo de ASES y del Programa Medicaid, la aprobación de la medida podría “aumentar significativamente” los costos de medicamentos para el Plan Vital.
Pero, el principal oficial financiero y operacional del centro 330 NeoMed Center, Jonathan Meléndez, negó que ocurra un ajuste tarifario, puesto que la propuesta legislativa ni lo establece.
“El proyecto lo que busca es que no se discrimine a través del PBM”, especificó.
Los centros 330, que cuentan con 100 clínicas y 60 farmacias, también pueden atender la falta de especialistas médicos fuera del área metropolitana y ofrecer salarios competitivos a médicos y profesionales de la salud, lo que incluye que especialistas como cardiólogos o endocrinólogos puedan visitar los centros en días estipulados para beneficio de los pacientes y la continuidad de tratamiento.
Algunos de los medicamentos para enfermedades crónicas más dispensados en estos centros son atorvastatin para colesterol alto; losartan, hipertensión y protección renal en diabetes; metformin y empagliflozin, diabetes tipo 2; levotiroxina, hipotiroidismo; famotidine, gastritis; gabapentin, dolor neuropático; insulina glargina, diabetes; y montelukast, asma y alergias respiratorias.
El presidente de la Comisión, el senador Juan Oscar Morales Rodríguez, adelantó que enviará el proyecto a la Junta de Supervisión Fiscal y a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) para que evalúen el impacto fiscal que pudiera ocasionar la implementación de la medida, de ser aprobada por la Asamblea Legislativa.
