Datos presentados en el Puerto Rico Health Insurance Conference 2026, organizado por la Cámara de Comercio, revelaron una disparidad significativa en el financiamiento federal de salud que continúa afectando el acceso y la estabilidad del sistema en Puerto Rico.
Actualmente, Medicare Advantage (MA) cubre el 96% de los beneficiarios elegibles en Puerto Rico, representando más de $10 mil millones anuales y constituyendo la columna vertebral del sistema de salud. Sin embargo, a pesar de su alto nivel de participación y desempeño, el archipiélago recibe los pagos más bajos del programa a nivel nacional.
En 2026, el pago mensual promedio de MA en Puerto Rico es de $730, en comparación con $1,228 en Estados Unidos, lo que representa una diferencia de 68%. Esta brecha se ha ampliado significativamente en los últimos años, aumentando en más de 160% desde 2011.
La disparidad tiene consecuencias directas para los beneficiarios. A diferencia de los demás estados de Estados Unidos, los adultos mayores de bajos ingresos en Puerto Rico no tienen acceso al Programa de Ahorros de Medicare (MSP, en inglés), lo que los obliga a asumir costos de su propio bolsillo, reduciendo su capacidad para cubrir necesidades esenciales como alimentos y medicamentos.
Margaret Ramírez Báez, presidenta de la Cámara de Comercio, expresó que Puerto Rico ha demostrado que puede ofrecer servicios de salud de alta calidad con menos recursos que cualquier jurisdicción en Estados Unidos. “Corregir esta desigualdad en el financiamiento no es sólo una necesidad económica, es un asunto de equidad para millones de ciudadanos americanos que residen en la Isla. Sin intervenciones estructurales, la brecha en financiamiento continuará ampliándose”, abundó.
A pesar de estos retos, Puerto Rico se distingue por la calidad de sus planes de salud, con un 82% de los beneficiarios inscritos en planes de cinco estrellas. Ante este panorama, organizaciones del sector de salud han unido esfuerzos para solicitar acciones concretas al gobierno federal, incluyendo el establecimiento de un nivel mínimo de financiamiento para MA, basado en el ajuste geográfico aplicado en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Asimismo, se propone la implementación del MSP en Puerto Rico, una medida que podría impactar positivamente a más de 300,000 adultos mayores y personas con discapacidad, aliviando su carga económica y fortaleciendo la economía local.
En el ámbito de Medicaid, se estima que Puerto Rico necesita aproximadamente $8 mil millones anuales para atender adecuadamente a su población, incluyendo la expansión de beneficios esenciales como servicios a largo plazo y programas de apoyo para personas de bajos ingresos.
Roberto Pando, presidente de MCS Advantage y MCS Life Insurance Company, dijo que hay que llevar el mensaje al Congreso de que “cada dólar que tengamos para Medicare se usará de la mejor manera para nuestros pacientes”.
Por su parte, Penelope Kokkinides, vicepresidenta sénior y gerente general de Medicare en Triple S, indicó que el archipiélago enfrenta retos con los reembolsos y que cuenta con una alta población de personas de edad avanzada que necesita los servicios de Advantage.
“Casi nueve de cada 10 beneficiarios elegibles en la Isla están inscritos en MA, la penetración más alta en Estados Unidos. El 24.6 % de los residentes tienen 65 o más, una de las proporciones más altas a nivel nacional, y una mayor prevalencia de diabetes, enfermedades cardiovasculares y renales. Tiene el menor ingreso medio, inseguridad alimentaria, falta de transportación y aislamiento social. No es un sistema perfecto, pero en términos de ejecución del cuidado administrado, es uno de los ejemplos reales más avanzados en Estados Unidos”, aseguró.
Según explicó, Puerto Rico es el mejor caso de alta inscripción y cuidado coordinado, pero falla en el subpago, escasez de proveedores y brechas de acceso. Entiende que representa una oportunidad de inversión de bajo riesgo y alto retorno para CMS, lo que debería impulsar los cambios de política necesarios.
La vicepresidenta sénior entiende que el programa de MA en Puerto Rico “no es un entorno de financiamiento de alto riesgo; es un mercado probado y eficiente que opera por debajo de su potencial debido a limitaciones estructurales de reembolso”.
Sobre el tema de prioridades federales en salud, Greg Murphy, miembro del Comité de Medios y presidente del Grupo Parlamentario de Médicos del Congreso, resaltó la necesidad de atraer a los médicos que han emigrado por compensaciones muy bajas. Asimismo, exhortó al gobierno a seguir llevando un mensaje consistente al Congreso sobre los cambios necesarios en Puerto Rico.
“Muchas personas no saben lo que sucede en el sistema de salud de Puerto Rico por lo que es muy importante educar al Congreso. Es crítico lograr un sistema de salud asequible”, insistió Murphy.
El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, destacó que la falta de datos del sector de la salud es un asunto prioritario que hay que atender de manera clara y consistente, ya que es un tema recurrente en el Congreso. Añadió que persiste un esfuerzo bipartidista enfocado en reducir los costos y facilitar que los pacientes puedan cubrir sus visitas médicas y hospitalizaciones.
¨Los cambios que necesitamos van mucho más allá del Medicare Advantage, como mejorar la coordinación de servicios para lograr justicia social en Puerto Rico. He tenido muchas conversaciones con congresistas y la meta es que nos traten igual y salvar los fondos del Plan Vital”, dijo el comisionado.
En esta misma línea, Leonardo Valentín, presidente del Professional Hospital, subrayó la importancia de maximizar el Índice Salarial a través de una mejor presentación de datos, mientras que Ricardo Hernández, CEO de Menonita Health advirtió que en Puerto Rico hay 42 hospitales, el 62.6 % trabajan con márgenes negativos y 17 hospitales están a riesgo, lo que muestra que el modelo actual de salud no es sostenible.
