Un proyecto senatorial propuesto a la Comisión de Salud busca otorgar inmunidad por impericia médica a los hospitales privados con internados y médicos en entrenamiento que participen en estos programas mediante enmiendas a la Ley de Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto Rico (Ley 136 de 2006).
Las autoridades salubristas, como el Departamento de Salud (DS) y la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (JLDM), se opusieron, porque podrían “propiciar la inmunidad”; mientras, Olga Rodríguez de Arzola, presidenta de la junta del Centro Médico Académico Regional (CMAR) de Suroeste, sostuvo que las enmiendas generan confusión y “obstáculos operativos”.
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Además de apuntar varias inconsistencias jurídicas, Rodríguez de Arzola agregó que avalaría la propuesta si se integran las recomendaciones de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Su presidente ejecutivo, Jaime Plá Cortés, abordó que se debe ubicar las protecciones propuestas en el “marco legal correcto”, refiriéndose a la ley habilitadora de la JLDM, porque es el cuerpo que rige los programas de internado, en lugar de la Ley 136 de 2006.
El licenciado también sugirió que la inmunidad solo se otorgue a los médicos practicantes y que haya una mejor definición de términos para evitar malinterpretaciones.
El subsecretario del Departamento de Justicia, Héctor Siaca Flores, recomendó en su memorial que se limite la inmunidad a “actuaciones u omisiones realizadas estrictamente dentro del contexto de programas de internado aprobados por esta Junta [de Licenciamiento y Disciplina Médica]”, una sugerencia que también planteó el presidente de la JLDM, Ramón Méndez Sexto.
El senador Jeison Rosa Ramos, autor del Proyecto del Senado (P. del S.) 443, pronunció que la medida busca retener profesionales médicos y que las instituciones hospitalarias elegibles operen con mayor seguridad jurídica.
“Al ofrecer una protección legal clara a los hospitales que invierten en la formación de nuestros futuros médicos, no solo salvaguardamos sus programas, sino que también enviamos un mensaje claro a los jóvenes talentos: Puerto Rico los necesita”, esbozó.
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El presidente de la comisión, Juan Oscar Morales Rodríguez, planteó en vista pública que la fuga de médicos amenaza la salud pública de todos los puertorriqueños. “Con esta legislación, buscamos fortalecer la base de los programas de internado y ofrecer un entorno más estable para los hospitales, incentivando así la retención de nuestros talentosos profesionales en la Isla”.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.
