Como parte de una reconciliación legislativa, la delegación republicana en la Cámara federal introdujo una nueva versión de su propuesta de recorte de gastos ascendentes a $880,000 millones, centrados en el programa de Medicaid, para generar fondos con los que se puedan financiar la permanencia de los recortes contributivos de la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos del 2017.
Una evaluación de la medida por la Oficina de Presupuesto del Congreso, que produce análisis económicos no partidarios, estimó que el recorte dejaría a 8.6 millones de personas sin cubierta en Estados Unidos para 2034.
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La legislación reduciría el gasto en Medicaid, imponiendo nuevas restricciones a los beneficiarios, tales como el requisito de trabajar, y recertificaciones de beneficiarios más frecuentes. Sin embargo, no reduce el porcentaje de costos estatales de Medicaid que el gobierno federal cubre, esboza la publicación de Al Punto de la firma Estudios Técnicos, Inc.
Esta nueva propuesta presupuestaria republicana se genera a la vez que surge la controversia sobre la permanencia de los fondos Medicaid para Puerto Rico luego del año fiscal 2027.
Según el Consolidated Appropriations Act del 2023, a partir del año fiscal federal 2028, las asignaciones de fondos federales del programa regresan a los niveles previos al 2023.
Del total de $15,300 millones en fondos federales asignados a Puerto Rico para el año fiscal actual, tres agencias recibieron el 62%: la Administración de Seguros de Salud (ASES) recibió el 26.1 %; la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, 20.1 %, y el Departamento de Educación, 15.8 %. Entre los años fiscales 2023 al 2027, el tope de financiamiento federal anual para ASES aumentó a $3.3 millones, y de ahí estará aumentando hasta $3.8 millones en el año fiscal 2027.
En 2019, los fondos federales utilizados por ASES ascendieron a $2.6 millones. Si el nivel del 2028 sería el del 2019, significaría una posible reducción de $1.3 millones, o de 32.7 % en comparación con lo proyectado para el 2027.
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La publicación de Estudios Técnicos analiza que la reducción implicaría que el gobierno estatal identifique fuentes alternas de fondos para cubrir el gasto, además de los recortes potenciales a Medicaid que podría haber bajo el nuevo presupuesto federal, lo que requeriría potencialmente recortes en ciertos gastos en el presupuesto del Fondo General para subsanar ese diferencial.
En votación del viernes, 16 de mayo, el Comité de Presupuesto rechazó el paquete de la legislación propuesta. No obstante, en el proceso de negociaciones que continuarán cabe esperar que varias de ellas, algo modificadas, tengan mejores probabilidades.