Julio Iglesias ha pasado a la ofensiva legal en el caso que se sigue en su contra en España. El cantante presentó, a través de su abogado, una solicitud formal para frenar la investigación abierta por una denuncia relacionada con presunto acoso y agresión sexual, al considerar que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no tiene competencia para conocer los hechos y que el proceso, tal como se ha gestionado hasta ahora, ha derivado en un grave daño a su reputación.
De acuerdo con información de la agencia EFE, el abogado José Antonio Choclán entregó un escrito de 15 páginas en el que pide el archivo inmediato de las diligencias preprocesales, actualmente bajo carácter reservado. El documento busca que el caso se cierre en esta fase inicial y que, en paralelo, se reconozca el derecho de la defensa a acceder a la denuncia para poder ejercer de forma plena la representación legal del artista.
Qué pide la defensa de Julio Iglesias a la Fiscalía española
En el escrito presentado ante la Fiscalía, la defensa de Julio Iglesias solicita el archivo de las diligencias que se han abierto a partir de las denuncias de dos mujeres que habrían trabajado para él. El argumento central es que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para investigar los hechos señalados.
Además de reclamar el cierre del procedimiento, el abogado pide que se autorice la personación formal de la defensa en las diligencias. Señala que, hasta el momento, el cantante habría conocido los detalles de las acusaciones únicamente a través de publicaciones periodísticas, lo que consideran una situación irregular. Para el equipo legal, resulta imprescindible tener acceso directo a la denuncia y a cualquier actuación oficial relacionada con el caso, con el fin de garantizar el derecho a la defensa.
Uno de los ejes del documento es la idea de que España no sería el lugar adecuado para tramitar esta denuncia. Según expone la defensa, los hechos denunciados habrían ocurrido fuera del territorio español y no involucrarían ni a ciudadanos españoles ni a menores de edad, condiciones que suelen marcar los límites de la competencia de la Audiencia Nacional.
El escrito subraya que Julio Iglesias tiene su residencia habitual en República Dominicana, país en el que supuestamente se habrían producido los hechos narrados por las dos mujeres. A partir de ese punto, sostienen que cualquier denuncia debería haberse presentado ante las autoridades dominicanas y no ante la justicia española, por lo que cuestionan tanto la apertura de diligencias en España como la elección de este país como sede de la investigación.
La defensa del cantante también pone el foco en las consecuencias mediáticas de que la investigación se tramite en España. Según el escrito, la decisión de abrir diligencias en la Audiencia Nacional habría propiciado una amplia cobertura internacional que ha impactado directamente en la imagen pública de Julio Iglesias.
En el documento se menciona que la difusión de las acusaciones en medios de distintos países ha provocado un perjuicio reputacional considerable, aun cuando no existe una imputación formal ni una resolución judicial en su contra. Desde la perspectiva de su equipo legal, este escenario vulnera su derecho a la presunción de inocencia y lo deja en una posición de indefensión frente a la opinión pública.