El exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, se expresó furioso ante la decisión del gobierno de entregar la información solicitada por las autoridades federales sobre cerca de seis mil inmigrantes que cuentan con licencias de conducir.
“Gente mala la que entregó la lista, personas malas, de los peores de la humanidad. No tenían que entregarlas. Los que entregaron y autorizaron la lista son unos arrodillaos, unos eñangotaos”, dijo furioso el exgobernador en el programa Primera Pregunta.
Añadió: “Gente mala que está entregando seres humanos... ¿Cómo carajo van a misa el domingo? ¿Cómo van al culto?.
El exgobernador es el autor de la ley que otorgó en el 2013 licencias de conducir provisionales a inmigrantes no legalizados.
PIP exige al gobierno que no entregue datos de inmigrantes a federales
La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes también exigió al gobierno que no entregue la información.
“El gobierno de Puerto Rico no puede seguir siendo cómplice ni hacerse de la vista larga mientras se mancilla la dignidad de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico, que ya están integradas plenamente en nuestra sociedad y contribuyen en todos los ámbitos de nuestras vidas”, expresó Adriana Gutiérrez Colón en declaraciones escritas.
Por su parte, Denis Márquez Lebrón recordó que el PIP presentó en febrero el Proyecto 331 para proteger los derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes, a petición de la Unión Americana de Libertades Civiles.
“La protección de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio u origen étnico o nacional, debe ser una prioridad de la Asamblea Legislativa, mediante la búsqueda de protecciones para los hermanos y hermanas migrantes que son parte integral de la sociedad puertorriqueña”, dijo Márquez Lebrón.
Nelie Lebrón Robles sostuvo que la colaboración con las agencias federales no debe implicar violaciones a los derechos constitucionales.
“Las órdenes ejecutivas del presidente Trump cambiaron las prioridades en la ejecución de las leyes de inmigración, pero no las protecciones constitucionales, como el derecho a no ser arrestado sin una orden judicial. Nuestras comunidades son más prósperas, saludables y seguras si acceden a servicios esenciales y ejercen sus derechos fundamentales sin miedo”, indicó Lebrón Robles.
La delegación emplazó a la gobernadora a dar instrucciones claras para que no se entregue la información sin una orden judicial.
