Fue culpa del sistema. Es culpa del sistema. El sistema falló.
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Esas son las frases más escuchadas en tiempos recientes ante casos en los cuales personas han resultado afectadas o hasta muertas en manos de otros que no se supone tuvieran libertad o acceso a sus víctimas.
Pero ¿Quién es el sistema? ¿Qué es el sistema?
Lo más fácil es echarle la culpa al sistema, esperar que todo el frenesí del caso pase y luego todo queda impune. Al final no se impone responsabilidad a nadie, no se hacen cambios en las formas de actuar y la cotidianidad sigue hasta el próximo caso.
Ante nosotros está el caso de Hermes Ávila, sospechoso de haber asesinado a su expareja el domingo pasado en Manatí. Este hombre, aparentemente, no se suponía estuviera en la libre comunidad. Ávila se encontraba gozando de un “pase extendido” desde el 2023 tras invocar una ley que, desde el 1992, les permite a los confinados con cadenas perpetuas y que tengan enfermedades terminales, salir de la cárcel para morir en sus casas junto a sus seres queridos. Esta ley se aprobó en los tiempos del VIH, cuando ese virus era una enfermedad terminal. En este caso, el confinado alegó tener paraplejia progresiva, cosa que no parece ser muy cierta.
Pero miren el proceso para que confinados enfermos obtengan este pase. Nos decía ayer un exdirector del Departamento de Salud Correccional, adscrito al sistema carcelario, que esos casos los evalúa primero un panel de médicos. Luego, la recomendación pasa a la dirección del programa y el tercer filtro lo es un funcionario en el Departamento de Corrección que evalúa aspectos de seguridad pública. ¿Por qué casos extraordinarios como esos no llegan al escritorio del secretario o secretaria de la agencia? En este caso, la secretaria de la agencia se enteró cuando vio al hombre caminando mientras era arrestado por el feminicidio del pasado fin de semana.
Creo que estos “pases extendidos” son de facto una revocación o alteración de la sentencia que en algún momento dado impuso un juez o jueza del sistema judicial. Por lo tanto, creo que el tema le debe llegar a la rama judicial e incluso a los familiares de la víctima por la cual esa persona cumple años en prisión, como ocurre en los procesos de libertad bajo palabra.
Ahora bien, mirando el bosque completo creo que tenemos que dejar de echarle la culpa al sistema, pues al final se convierte en una cosa acéfala que termina callando ante barbaridades como esta. Hay que investigar y adjudicar responsabilidades a los funcionarios que fallaron. Luego de eso, el gobierno tiene que darlo a conocer.
¿Dónde está la rendición de cuentas del poder judicial sobre los casos recientes en los que jueces han sido cuestionados por decisiones que dejan en libertad a individuos que vuelven a delinquir? ¿Dónde está el informe del Departamento de Justicia sobre las cuestionadas acciones de sus fiscales en tiempos recientes? ¿En qué quedo la jueza de Yauco y los fiscales que intervinieron en el caso del hombre que fue dejado sin grillete y mató a la mujer que lo había denunciado?
El sistema no puede seguir siendo el escudo para echar la culpa al aire y luego mirar hacia el lado. Hay que exigir acciones, nombres, cargos y los remedios específicos para evitar que eventos similares ocurran en el futuro.
Si le queremos echar la culpa al sistema, pues hagámoslo y precisemos que estamos ante un sistema donde no hay supervisión efectiva, seguimiento a las acciones tomadas ni decisiones remediativas. Estamos ante un sistema donde carecemos de niveles intermedios gerenciales efectivos en las oficinas gubernamentales que puedan detectar malas ejecuciones de la ley. El problema del sistema está en la rama ejecutiva y en la judicial, la legislativa nos tiene ya abrumado de leyes.
¿Qué ustedes creen?