El pasado lunes 15 de abril cientos de miles de personas, además de decenas de miles de propietarios de pequeñas y medianas empresas y de corporaciones locales cumplieron, como cada año, con su responsabilidad de radicar la planilla de contribución sobre ingresos. Independientemente de las medidas aprobadas con el propósito de aliviar parcialmente la carga impositiva a las familias e individuos, a estas alturas de la historia, el nuestro continúa siendo un sistema impositivo desequilibrado e injusto.
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Pongamos los datos en perspectiva: durante los años más recientes, las cifras de recaudos directos e indirectos del Departamento de Hacienda revelan que alrededor del 60 % de tales ingresos los aportan individuos y familias. Eso significa que el 40 % los aportan corporaciones, pero no necesariamente las foráneas, ya que un número considerable de estas se benefician de los decretos de exención, mediante los cuales reciben créditos y deducciones que reducen sustancialmente su responsabilidad contributiva. A modo de comparación, en Singapur las corporaciones aportan aproximadamente el 70 % de los recaudos gubernamentales, lo que significa que las familias e individuos contribuyen el restante 30 %.
Por consiguiente, cuando en Puerto Rico algunos economistas y abogados señalan que “las tasas contributivas que le aplican a las corporaciones son muy altas y por ende poco competitivas”, deberían aclarar que esa afirmación es correcta, pero solo para las empresas que no se benefician de alguna de las leyes que provocan que el gobierno central reciba una proporción mínima del Ingreso Interno Neto que se genera en el país. Como mencioné en mi columna de la semana pasada, y reitero en esta, la cifra de “Gastos Tributarios” o ingresos no recibidos por el gobierno central, superó los $23,500 millones el año pasado, en el contexto de un país en quiebra y de un sistema contributivo que, por esa razón, recauda apenas la mitad de esa cifra. Esto es absolutamente discriminatorio con la gente que paga sus impuestos.
Los ajustes que muchas familias de clase media y trabajadora realizan para pagar sus contribuciones, o cada persona dueña de algún pequeño o mediano negocio, manifiestan el discrimen y lo injusto del sistema contributivo. Ante dicha realidad es necesario una verdadera reforma contributiva integral como la que hemos planteado por décadas.