El mes de abril ya hizo su entrada formal y, con ello, la cercanía del proceso primarista es aún más estrecha. Una cercanía que magnifica los importantes asuntos pendientes por resolver que ha heredado la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessika Padilla Rivera.
La funcionaria ha desempeñado un papel de apertura y accesibilidad ante los cuestionamientos de la prensa en un periodo de controversias crecientes, que solo continuarán en aumento en la medida en que la elección arrecie. Dicho eso, sin embargo, es preciso levantar bandera de varios asuntos que podrían empañar el proceso electoral si no se resuelven de manera clara a tiempo para el periodo electoral. Para comenzar, los muertos que votan. O, al caso, que podrían hacerlo.
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En días recientes, Padilla Rivera aceptó que la CEE tiene una lista “final” pero “no certificada” de 36 mil 581 personas que aparecen en las listas como electores registrados y hábiles para votar pero que, según el Registro Demográfico, están muertos. Esas personas fallecidas, a pesar que se ha confirmado que lo están, continuaban hasta el comienzo de la semana como electores hábiles y no habían sido excluidos de las listas. Un asunto que podría parecer inocuo para algunos, pero que resulta claro que podría servir como madera para quien quiera dar forma a algún chanchullo, de esos que no faltan en época electoral. Padilla aseguró que se trabaja para lograr depurar las listas. Pero la pregunta es si se lograra esa depuración antes del periodo primarista.
A los “muertos hábiles para votar” añada otro renglón: el de los que cambiaron de domicilio pero siguen en las listas. Sobre esto no hay cifras finales, pero una investigación publicada a inicios de año por el Centro de Periodismo Investigativo revela que la CEE no ha inactivado a los electores que ahora están inscritos en los Estados Unidos, a pesar de que así lo dispone el Código Electoral. Y esa disposición hace toda la lógica del mundo. Es decir: ¿Por qué habría de permanecer activo como votante un elector que se mudó y que, por lo mismo, tiene un domicilio fuera de la isla? La única respuesta válida a esa pregunta es que se le deje activo con la única intención de que pueda votar allá y aquí también.
La historia de las colegas Damaris Suarez y Vanessa Colon Almenas, establece que la CEE recibe información de al menos 15 jurisdicciones con las que tiene acuerdo y que esa información en manos de la agencia les permite saber quiénes se mudaron y cambiaron de domicilio. Sin embargo, aunque esa información está a la mano, la CEE no interviene. Para recusar esos votantes (potencialmente cientos o miles de mudados aun activos) se descansa en que ese elector sea recusado por alguien que tenga propio y personal conocimiento o por un oficial de un partido político. Si la CEE cuenta con la información de al menos 15 jurisdicciones y claramente votar localmente si se tiene domicilio fuera de la isla es altamente irregular e inmoral, ¿Por qué la CEE no inicia el proceso para sacar a esos votantes de las listas aun sin querellas de ciudadanos?
Mientras muertos y mudados siguen en las listas, aún faltan miles de potenciales nuevos electores que aún no han sido impactados por la CEE en los esfuerzos tradicionales para inscribir nuevos electores en escuelas superiores. El asunto ha sido denunciado por comisionados electorales de los partidos de oposición (que ahora son cuatro) pero aunque se asegura que se está trabajando con el asunto, la cosa sigue en ascuas.
En fin, que la CEE tiene mucho que hacer, poco tiempo para conseguirlo y, de paso, menos presupuesto y personal que en años anteriores. Un reto monumental que deberá ser acometido con deseo, templanza y ánimo de transparencia. De esa que antes revestía a la comisión y que desde hace un cuatrienio ha ido perdiendo lustre. A meterle ganas. Que de papelones electorales y dudas ya hemos tenido suficiente y con ellas la democracia siempre es la gran perdedora.
