Esta semana, en el tribunal federal de San Juan, comenzó el proceso final de evaluación del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica ante la jueza Laura Taylor Swain. De estas vistas judiciales públicas debe surgir cuánto se les pagará a los bonistas de lo que en algún momento le prestaron a la corporación pública y a su vez qué impacto tendrá eso en la factura que pagamos todos, así como en las pensiones de los jubilados.
Se trata de un proceso crucial en nuestro desarrollo económico futuro. ¿Por qué? Porque un aumento sustancial en la factura de la luz, tanto para individuos como negocios, supondrá un empobrecimiento de Puerto Rico. La gente tendrá menos dinero en sus bolsillos, provocará nuevamente un aumento en la emigración, disparará aún más la economía informal y muchos negocios cerrarán o se irán de la isla en el caso de las empresas multinacionales.
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Como país tenemos que estar atentos a la resolución de este caso que, concluidos los 12 días de vistas judiciales, podría surgir en un par de meses, previo a las elecciones generales.
Mientras ese proceso crucial está ocurriendo, esta semana la Legislatura aprobó una medida para que LUMA conceda un crédito de $300 a las personas que demuestren que se les daño alguno de sus enseres eléctricos en el hogar a raíz de apagones o fluctuaciones en la energía eléctrica.
Suena simpatiquísimo. Pero cuidado, podría ser una medida totalmente electorera que no resuelve y que en su día será revocada. ¿Por qué? Porque se aprueba a menos de tres meses de las primarias a las que van muchos legisladores y a ocho meses de las elecciones generales a los que van otros. Dar dinero a la gente se convertirá en un proceso burdo politiquero de cara a la cita de la gente en las urnas.
Además, esta medida se aprueba sin un aparente estudio económico de impacto fiscal minucioso.
El crédito contributivo concedido por la Legislatura tendrá un impacto sobre la expectativa de recaudo de LUMA, lo cual altera el acuerdo entre el Gobierno de Puerto Rico y esa empresa privada. Es de esperarse que LUMA vaya a quejarse ante el Gobierno por esta medida o la Junta de Control Fiscal (el gobierno de facto) que muy seguramente revocará el proyecto -como le permite hacer la ley federal PROMESA- o al menos levantará bandera sobre la misma.
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Para nada me interesa defender a LUMA. A mí se me va la luz mucho más que antes y los enseres “sufren” por eso. Pero no se puede aplaudir como focas todos los proyectos que suenen simpáticos y populistas cuando no son reales a la luz de nuestro panorama fiscal.
Peor aún, no es descabellado pensar que, si se materializara este crédito, terminarán cobrándonos esos $300 por otro lado y se convertirá todo en una pantalla politiquera. Asumir esto no es en el vacío. ¿Sabía usted que el gobierno ha estado en circunstancias en las que tiene que compensarle a empresas privadas con las que hace negocios que al terminar el año no completan la ganancia que se les prometió? Eso ha pasado, no se si pasa aun, con el Autoexpreso en el caso de las multas que nunca pueden cobrar o con el Distrito de Convenciones cuando no tienen suficientes eventos al año.
Así que, ojo. Separemos lo politiquero de lo importante. En las próximas semanas vendrán más de estas cositas.
