La senador popular, Migdalia González Arroyo, presentó esta mañana el Proyecto del Senado 1467 que busca enmendar la Ley 25-1992, conocida como “Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otra enfermedades en su etapa terminal que están confinados en las Instituciones Penales o internados en las Instituciones Juveniles de Puerto Rico”, a los efectos de requerir que toda persona mayor de edad egresada al amparo del estatuto, cuya sentencia esté siendo cumplida por violación a las disposiciones de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, tenga que cumplir su pase extendido utilizando un dispositivo de supervisión electrónica mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) o cualquier otra tecnología que cumpla con esos fines.
“Al radicar esta medida buscamos que mediante esta Ley se imponga la obligación de que el egresado, cuya sentencia sea por violación a la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, o por asesinato, agresión sexual, pornografía infantil o maltrato de menores, tenga que utilizar durante el tiempo que reste su sentencia, aunque la esté cumpliendo mediante el pase extendido, un dispositivo de vigilancia electrónica ya sea mediante el sistema de posicionamiento global o cualquier otro similar. Esta medida, además de prever situaciones delictuales sirve como un disuasivo a aquellas personas que están disfrutando del privilegio que establece la Ley”, sentenció la senadora del Distrito de Mayagüez – Aguadilla en comunicación escrita.
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La enmienda sometida por la también presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres reza: “Si la persona egresada es mayor de edad, y está cumpliendo sentencia por violación a las disposiciones de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, o a los Artículos 92, 130, 131 y 133 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, o al Artículo 53 de la Ley 57-2023, según enmendada, conocida como “Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, tendrá que cumplir su pase extendido utilizando un dispositivo de supervisión electrónica mediante el Sistema de Posicionamiento Global conocido por sus siglas en inglés como GPS, o cualquier otra tecnología que cumpla con esos fines.”
La Ley 25 de 1992 permite que los reclusos que están bajo condiciones de salud terminales puedan pasar sus últimos momentos de vida con sus familiares.
“La violencia de género en Puerto Rico ha seguido en aumento. La crisis es real e insostenible, y presenta una situación de emergencia en el país que requiere la intervención inmediata y certera del Estado. Nuestro récord legislativo es claro, hemos trabajado para solucionar la situación pero hace falta voluntad del gobierno. No podemos permitir que se pierda una vida más”, finalizó diciendo la legisladora.
El pasado domingo, 21 de abril, las 4:29 a.m. en la carretera PR-686, cerca de la playa Los Tubos en Manatí, fue encontrado el cuerpo de Ivette Joan Meléndez Vega. La mujer de 56 años estaba semidesnuda, degollada y tenía heridas en la cabeza.
El sospechoso de su feminicidio es Hermes Ávila Vázquez, quien quedó en libertad bajo la Ley 52 de 1992. El hombre de 52 años se encontraba cumpliendo una condena de 122 años de prisión por el asesinato de otra mujer en 2005, pero salió en la libre comunidad en 2023 bajo un pase extendido tras una alegada paraplejía.
La víctima no guardaba ningún tipo de relación con Ávila Vázquez, simplemente, habían compartido esa noche por primera vez en un negocio. Se alega que el feminicida se fue caminando después de cometer los hechos.
