El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no quiso revelar los nombres de los médicos que formaron el panel que evaluó a Hermes Ávila Vázquez antes de concederle el privilegio de pase extendido bajo la Ley 125 porque “la lista es parte de la investigación”.
Metro Puerto Rico ha intentado por los pasados días acceder a esta información sin éxito. Los médicos del panel serían parte de los servicios privatizados de salud correccional que ofrece Physician Correctional.
Mientras tanto, la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, dijo que la investigación administrativa tomará unos 30 días. Esto, en momentos en que el Senado ha requerido al Departamento de Justicia iniciar una pesquisa en un plazo de 24 horas. Justicia ha planteado que esperaría por la investigación administrativa del DCR antes de entrar al caso.
“DCR está comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas en todas sus operaciones. Con relación al caso de Hermes Ávila Vázquez, queremos informar que hemos conformado un equipo de trabajo con la Oficina de Investigación del Sistema Correccional para que en un término de 30 días presente los hallazgos de esta y poder referirlos al Departamento de Justicia, tomar medidas correctivas y fijar responsabilidades, entre otras acciones”, dijo Escobar Pabón en declaraciones escritas.
En el comunicado de prensa, detallaron que las acciones tomadas son:
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- Hoy se inició el proceso de revocación del pase extendido bajo Ley 25 a Hermes Ávila Vázquez con la celebración de una vista inicial en la institución Bayamón 705 ante un oficial examinador de la División Legal - oficina de disciplina de confinado - y un técnico sociopenal de Programa de Desvío.
- Ya inició la investigación administrativa por parte de la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional (OISC).
- Se les instruyó a asignar a los agentes investigadores de mayor experiencia en atender estos asuntos y concluir la investigación en 30 días. Una vez completada la misma se compartirán los hallazgos con el Departamento de Justicia.
- Se le solicitó a Physician Correctional copia fiel y exacta del expediente médico del confinado para proceder a auditar el mismo.
- Se tramitó solicitud de copia certificada del expediente médico del confinado a la Corporación del Fondo de Seguro del Estado, entidad que también le prestaba servicios médicos.
- La compañía UTICorp ya comenzó a auditar el expediente médico completo de Hermes Ávila. Esto incluye aspectos de salud física, dental o mental, así como, laboratorios, pruebas sicológicas, estudios especializados, tratamientos y cualquier otro documento médico pertinente a la Ley 25. Esta compañía precisamente tiene un contrato en la agencia para auditar expedientes médicos y servicios de salud prestados a la población correccional.
- Se impartió instrucción a la Secretaría Auxiliar de Programas y Servicios a conformar Comité Evaluador de reglamentos y normativas vigentes sobre este privilegio, a los efectos de actualizar los mismos y que contengan regulaciones rigurosas para el proceso de concesión.
- Se solicitará al Secretario de Salud, que, como ente regulador de salud pública, su análisis y recomendaciones en aspectos a ser revisados y actualizados en la aplicación de la Ley 25, relacionado a problemas de salud con prognosis de vida corta y condiciones fisiológicas limitantes.
- Se solicitó y se recibió copia del expediente social de supervisión en comunidad.
- Se solicitaron y se recibieron los expedientes sociales y criminal procedentes de la institución correccional de donde el confinado fue excarcelado.
- Se ordenó la instalación de brazalete electrónico de todos los participantes bajo este Programa de Pase Extendido por Condición de Salud.
- Se ordenó la suspensión de concesión de privilegio hasta el 8 de mayo de 2024. De ser necesario se extenderá este periodo. (Casos nuevos bajo evaluación).
- Se elevó a la Secretaría Auxiliar de Programas y Servicios la delegación de autoridad.
- La empleada (enfermera) señalada con vínculos no profesionales con el confinado, fue emplazada en la tarde del 24 de abril y fue asignada a trabajar en otra facilidad de manera que no pueda tener contacto con el confinado.
“Una vez concluya la investigación estaremos en la posición de aplicar sanciones disciplinarias contra cualquier funcionario público o contratista a quien se le impute negligencia en el cumplimiento de su deber o haya incumplido con las regulaciones para atender este privilegio”, concluyó la secretaria.
Intenso intercambio de la prensa con el Gobernador sobre la responsabilidad del contratista y sus vínculos políticos
“Tengo que decir que en esa área han recibido galardones, premios, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y esa entidad en particular por su desempeño. Fuera de Puerto Rico, entidades que acreditan y supervisan sistemas correccionales han galardonado, han premiado al departamento por su ejecutoria en esa área en particular. Entonces esa investigación que tú mencionas se llevó a cabo, pero la secretaria es la que decide evaluar. Bueno, posiblemente esa investigación no tomó en consideración múltiples otros factores que la secretaria si tomó en consideración”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.
¿Se tomó en consideración el hecho de que sean donantes de su campaña?, se le preguntó.
“Eso no tiene absolutamente nada que ver”, contestó el gobernador.
‘Tan cera como en febrero donaron a su campaña’, le recalcó un periodista.
“Eso no tiene absolutamente nada que ver”, refutó el mandatario.
Aunque sean donantes, ¿usted está en posición de cancelar el contrato si es necesario?, cuestionó la prensa.
“Una cosa no tiene nada que ver. O sea, los donativos políticos hay libertad de expresión, las personas pueden donar a sus candidatos de preferencia”, reaccionó el gobernador.
Pero no puede ser una carta de protección tampoco, le increpó un periodista.
“No puede serlo, ni no lo será porque no. En realidad, esa decisión se tomó hace mucho tiempo atrás, la de extender ese contrato, no tiene absolutamente nada que ver con donativos y por otro lado esa decisión la toma la secretaria. Sí, pero es parte de mi equipo de gabinete, es miembro de mi gabinete, son todos de mi confianza y en la medida que también están ayudándome en mi campaña, bienvenidos sean. O sea, al revés, me parece muy bien porque a fin de cuentas mi campaña se trata precisamente de defender la gestión de esta administración. Los demás están en las gradas, los demás están criticando desde afuera, desde afuera es fácil. Con la boca es un mamey, pero cuando uno está en el terreno de juego uno lo que tiene que estar es defendiendo su gestión”, dijo Pierluisi Urrutia.
‘Es que este caso no es fácil, es que se murió una mujer’, le cuestionaron al gobernador.
“Bueno, por exacto”, dijo Pierluisi.
Y la responsabilidad es de esta compañía (Physician Correctional) y el Departamento de Corrección, cuestionó la prensa.
“No señor”, respondió Pierluisi Urrutia.
¿De quién es?, le preguntó la prensa.
“No, no, eso es lo que se está investigando”, dijo Pierluisi.
¿De quién es entonces la responsabilidad?, cuestionó la prensa.
“De quien determine esa investigación que falló”, respondió el mandatario.
El panel es de Physician Correctional, ¿no?, se le preguntó.
“No necesariamente, hay una investigación que la dirige y la supervisa la secretaria y va a terminar el asunto como dije yo cuando termine esa investigación en manos del departamento de la administración. Y nuevamente aquí todo se investiga y todo se refiere donde se tiene que referir. Y eso de estar otra vez, yo le he dicho antes, lo voy a volver a repetir. Aquí hay una libertad de expresión y aquí hay una libertad de asociación y uno no puede estar de momento ahora diciendo, “Ah, no, el que está activo en un partido, en una campaña es como si fuera un criminal”. Por otro lado, el que dona también eso está mal, no. Lo que no se puede hacer, eso sí es ilegal. Estuve en ir y aceptar un donativo a cambio de una gestión oficial. Eso sí que estaría, eso sería totalmente ilegal. Y en mi caso jamás ha ocurrido ni va a ocurrir”, afirmó el mandatario.