Por medio de un comunicado de prensa, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) informó que el pasado viernes, 8 de enero de 2016, las partes envueltas en el caso de Pueblo v. Sánchez Valle recibieron una comunicación del Secretario del Tribunal Supremo federal en donde se les indicó que tienen que estar preparados para contestar preguntas respecto a la jurisdicción del Tribunal Supremo de Estados Unidos para entender el asunto.
Lyle Denniston, reportero de SCOTUSBLOG, dijo que aparentemente uno o más jueces -o sus oficiales jurídicos- entienden que no hay una controversia final y firme que le otorgue jurisdicción al Tribunal.
El presidente del CAAPR, Mark Anthony Bimbela, se mostró cauteloso con dicha directriz, pues entiende que podría ser una salida para que el Tribunal Supremo federal finalmente no vea en los méritos la controversia.
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“Nos preocupa que la tradicional inacción y autolimitación judicial del Tribunal Supremo federal en asuntos que inciden sobre las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos -luego de que se decidiera Balzac v. Porto Rico en 1922- siga siendo su práctica en este Siglo 21. Esperamos que no sea así, y solo sea una interrogante cuya contestación, al no surgir de los escritos presentados, pueda aclararse por las partes en la vista de este miércoles 13 de enero”, indicó Bimbela.
El Colegio de Abogados y Abogadas compareció el pasado 23 de diciembre de 2015 ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, solicitando unirse al pleito de Pueblo v. Sánchez Valle como “amigo de la corte” (amicus curiae).
El Colegio asistirá a la vista pautada para este próximo miércoles, 13 de enero de 2016, en la sede del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Washington, DC, representado por su presidente el licenciado Bimbela y por el abogado constitucionalista, el licenciado Brian Netter del bufete Mayer Brown, LLP, de Washington, DC. Así también, se unió al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico la organización legal puertorriqueña y latinoamericana, Puerto Rican Bar Association of New York, por conducto de su presidenta la licenciada Betty Lugo y la presidenta entrante, licenciada Carmen Pacheco.
El caso de Sánchez Valle fue resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico el 20 de marzo de 2015, estableciendo que una persona que fuera condenada en la esfera federal no podrá ser procesada criminalmente por el mismo delito en los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
