Un estruendo sobrecoge a Wall Street, atraviesa la Milla de Oro y conmociona sus cimientos. Pasa por el Capitolio, sube por la calle Fortaleza hasta llegar al Palacio de Santa Catalina. Lo escuchó el presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III; el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez; y el gobernador Ricardo Rosselló.
Es la voz de 90,000 ciudadanos que ya se han unido al reclamo de la auditoría de la deuda pública del país.
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Pero, ¿Qué es una auditoría de la deuda? Es un proceso contable muy especializado que busca posibles violaciones a la ley en las emisiones de bonos de forma rigurosa y contundente de modo que sus conclusiones puedan ser presentadas como evidencia en procesos judiciales.
La exigencia parte de una premisa elemental: queremos saber la verdad. Por eso no se puede pagar hasta tener la cuenta que confirme: ¿A quiénes le debemos? ¿Qué debemos? ¿Por qué lo debemos? ¿Cuánto de lo que se nos cobra se tomó bajo los parámetros legales y cuánto se tomó fraudulentamente?
Este proceso fue delegado a la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público cuyos trabajos se vieron dilatados debido a que la pasada administración no le asignó fondos suficientes para operar debidamente. Sin embargo, en un informe preliminar el pasado verano, esta determino que, con toda probabilidad, más del 40 % de nuestra deuda o 30 mil millones de dólares había sido tomada de manera ilegal.
A pesar de esto, Rosselló desmanteló la Comisión al destituir a varios de sus integrantes porque estos no gozaban de su entera confianza. Pagó unos $140 millones en deuda y luego confirmó que su administración no apoyaba la auditoría porque los tribunales habrían de llevar a cabo ese proceso.
La aseveración del gobernador es falsa ya sea por deshonestidad o ignorancia pues el foro judicial no es una firma de contabilidad. Adjudica los hechos y determina cuál es el Derecho aplicable conforme a la evidencia que se traiga ante su consideración. Por lo cual, si no hay auditoría, el gobierno no tendría evidencia para cuestionar la legalidad de la deuda que se nos está cobrando.
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Pero, ¿por qué tanta resistencia a la auditoría ciudadana de la deuda? ¿Por qué si sus resultados solo podrían arrojarnos luz sobre el entuerto en el que se ha convertido nuestra crisis fiscal se hace todo lo posible para evitarla?
¿Será que el presidente de la Junta de Control Fiscal es cómplice en el miedo a la auditoría pues pertenece a los círculos de poder de Wall Street y a la familia de banqueros más poderosa del país poseedores de bonos? ¿Será que dos de los integrantes de la Junta déspota fueron secretarios del Banco Gubernamental de Fomento y autorizaron la emisión de más de 20 mil millones de dólares en deuda? ¿Será que el resto de sus integrantes tienen fuertes lazos con Wall Street, los Fondos de Cobertura que ostentan los bonos de Puerto Rico y no lo sabemos porque nunca han hecho públicos sus estados financieros?
¿Será que el gobernador está protegiendo a los cómplices que donaron a su campaña, aquellos que le dieron un aplauso sonoro cuando ganó la elección y fue a reunirse con ellos en Nueva York?
Precisamente para obtener estas respuestas es que el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda ha iniciado una petición exigiendo al gobernador que de paso al proceso. Creo que todos y todas deberíamos unirnos a este esfuerzo. El éxito de la iniciativa dependerá de nosotros. Es necesario que cada puertorriqueño (a) haga esta lucha suya porque en ella están cifradas nuestras esperanzas de que Puerto Rico pueda levantarse, reconstruirse y ser libre de los engaños a los que hemos sido sometidos durante décadas por los cómplices.
Para firmar la petición acceda: http://www.peticion.auditoriaya.org/index.php/es/
