Dicen que restauración del veto Donald Trump traerán caos de nuevo

Washington y Minnesota consideraron que cuentan con argumentos sólidos y que la orden nacional de un juez que paralizó la aplicación de la norma en todo el país fue apropiada.

Dicen que restauración del veto Donald Trump traerán caos de nuevo

Abogados de los estados de Washington y Minnesota dijeron a una corte federal de apelaciones que la posible restauración del decreto del presidente Donald Trump que canceló el programa de refugiados y paraliza temporalmente la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana “desataría el caos de nuevo”.

Ambos estados presentaron a primera hora del lunes sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, después de que la Casa Blanca dijo esperar que los tribunales federales restablezcan las restricciones.

El veto migratorio afecta a ciudadanos procedentes de Siria, Irak, Irán, Yemen, Somalia, Sudán y Libia.

Washington y Minnesota consideraron que cuentan con argumentos sólidos y que la orden nacional de un juez que paralizó la aplicación de la norma en todo el país fue apropiada.

Según los estados demandantes, si la corte de apelaciones restituye el decreto de Trump el “fallo reintegrará esos daños, separando familias, varando a nuestros estudiantes y profesores universitarios y prohibiendo los viajes”.

La rápida maniobra judicial de los dos estados estuvo acompañada de informes de la industria tecnológica, que informaron que las medidas migratorias de Trump dañarán su negocio al dificultar la contratación de empleados. Los gigantes tecnológicos como Apple y Google, además de Uber, presentaron sus argumentos ante la corte a última hora del domingo.

Asimismo, los ex secretarios de Estado John Kerry y Madeleine Albright, junto con exfuncionarios de seguridad nacional que trabajaron con el gobierno del presidente Barack Obama dijeron que la prohibición de Trump interrumpiría vidas y paralizaría las alianzas antiterroristas estadounidenses en todo el mundo, sin hacer más segura a la nación.

El decreto presidencial se fundamentó en una demanda de seguridad nacional, pero abogados de los dos estados explicaron al tribunal que la medida daña residentes, negocios y universidades y es inconstitucional.

La próxima oportunidad del equipo del presidente para argumentar en favor de su veto migratorio será en forma de respuesta a la demanda presentada por los dos estados. La corte ya rechazó una petición del Departamento de Justicia para anular de inmediato el fallo de un juez federal en Seattle que suspendió temporalmente la aplicación del veto en todo el país. El departamento debe presentar sus alegaciones antes de las 18:00 EST del lunes.

El fallo que paralizó el decreto presidencial, emitido el pasado viernes, provocó el enfado de Trump en Twitter, donde calificó al juez de distrito James Robart de “supuesto juez” y tachó su decisión de “ridícula”.

El presidente renovó su ataque contra Robart en Twitter el domingo: “No puedo creer que un juez ponga a nuestro país en este peligro. Si algo pasa cúlpenle a él y al sistema judicial. La gente está entrando. ¡Mal!”. En otro mensaje publicado justo después, el republicado informó que dio instrucciones al Departamento de Seguridad Nacional para controlar las entradas al país pero que “los tribunales hacen muy difícil el trabajo”.

El vicepresidente del país, Mike Pence, dijo también el domingo que “no nombramos a jueces en nuestros tribunales de distrito para que conduzcan la política exterior ni tomen decisiones sobre seguridad nacional”. Trump había ofrecido un pronóstico optimista la noche anterior, cuando durante un fin de semana en su club privado de Florida, dijo a reporteros: “Ganaremos. Por la seguridad del país, ganaremos”.

En su apelación, el gobierno argumentó ante el tribunal que solo el presidente tiene autoridad para decidir quién puede ingresar o quedarse en Estados Unidos, una afirmación que parece invocar una batalla más amplia sobre inmigración ilegal.

El Congreso “otorga total discreción al presidente” para imponer condiciones a la entrada de extranjeros y esa autoridad es “en gran medida inmune al control judicial”, dijo el documento presentado al tribunal.

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