SIP manifiesta inquietud por posible violación a libertad de prensa

Por Inter News Service

(Santo Domingo) – El representante en el país de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Miguel Franjul, presentó hoy ante la asamblea de esa entidad un informe donde critica dos proyectos de ley que a su juicio contienen acciones que obstaculizaban en el país el ejercicio de la libre expresión y de prensa.

El informe fue presentado durante su participación en la 72ª Asamblea General de la SIP, que se celebra en México.

El reporte establece que tras la eliminación por parte del Tribunal Constitucional (TC) de penalizaciones que afectaban el ejercicio de la libre expresión y la prensa, en el Congreso Nacional aún reposan los dos proyectos que entiende representan limitantes para la libertad de expresión, a los que la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) se opone.

Dijo que después de haber logrado que el Tribunal Constitucional eliminara algunas penalizaciones que afectaban el libre ejercicio del periodismo, el Congreso le ha abierto las puertas a dos iniciativas legales que, bajo el pretexto de readecuar el orden regulatorio de los medios de comunicación, “podrían revertir esta conquista”.

Se trata de dos iniciativas congresuales, una que regula la protección al derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen, y otra que establece definiciones de medios de comunicación y sus responsabilidades y sobre el secreto profesional, que se encuentran sometidos a vistas públicas.

Explicó que la SDD se pronunció sobre ambos proyectos, considerando que “constituyen limitantes para la libertad de expresión” y “una tendencia sobrerreguladora”.

“Un artículo desconoce la sentencia 0075-16 del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el artículo 48 de la ley vigente 6132 sobre libertad de expresión, que hacía a los propietarios de medios escritos civilmente responsables de las condenaciones pecuniarias a favor de terceros”, señala el informe del también director del periódico de circulación nacional Listín Diario.

Indicó que esa es una pretensión que viola el precedente constitucional establecido, puesto que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes para los poderes públicos, incluso para el Congreso Nacional.

Destaca que en otro artículo siguiente “se dice que en todos los casos mencionados en este artículo, una vez establecido que la publicación es difamatoria o injuriosa, si no se comprueba quién es el culpable de la misma, el propietario del medio será siempre responsable civilmente”.

Sobre el sistema de responsabilidad penal de los autores de delitos de difamación e injuria, observó que el artículo 30 consigna que en los medios impresos el sindicado como autor principal habrá de ser “el autor que firme el artículo o nota que contenga las supuestas difamaciones e injurias, conjuntamente con quien autorizó su publicación. Si el artículo o la nota no están firmados, el responsable será quien autorizó su publicación”.

Sobre esta parte, Franjul consideró que esto equivaldría a anular la parte de la sentencia del Tribunal que suprimió el “efecto cascada”, que en el pasado hacía al director del medio el autor principal del delito y, además, sobrecarga a los periodistas o redactores por transcribir fielmente los entrevistados.

“El proyecto de ley debe permitir a los periodistas acreditar la veracidad de las declaraciones de un tercero, y no tener que dar veracidad del contenido. Debería poder establecer que la información procede de una fuente cierta y que no ha habido ‘real malicia’ en la publicación”, dijo.

Comenta en el informe que el artículo 27 exige que las publicaciones que realicen los medios, sean “citas textuales” para eximir de responsabilidad a las empresas noticiosas, sus propietarios, directores y empleados.

Franjul señaló que el proyecto de ley “obliga a los directores de medios a proporcionar de inmediato al tribunal o al Ministerio Público que se solicite los datos que permitan identificar a los autores de las publicaciones bajo su control, incluyendo a los que publican con pseudónimos. Si el director se negare o no pudiera cumplir, se considera responsable de impedir la investigación, derivando en su contra las sanciones dispuestas por el ordenamiento jurídico”.

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