“Nefasta” decisión de Corte Suprema sobre aplicación de IV Enmienda

La jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor advirtió sobre las consecuencias que podría tener la conclusión de la mayoría en el Supremo

Por David Cordero @David_cmercado

En una histórica decisión 5-3 del caso Utah vs. Strieff en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la amplitud y aplicabilidad de la IV Enmienda de la Constitución federal fue reducida a tal nivel que ahora un policía podría detener a una persona que camina libremente por la calle y registrarla por mera sospecha de comisión de delito, sin motivo justificado legalmente, orden de arresto u orden judicial.

“Esta Corte ha dado a los oficiales los instrumentos para examinar una persona, cuando nosotros condenamos a esos mismos oficiales por utilizar las herramientas disponibles sin una debida causa. Les hemos dado razones para apuntar a los peatones de manera arbitraria. Sobre todo, corremos el riesgo de tratar a los miembros de nuestras comunidades como ciudadanos de segunda clase”, afirmó la jueza asociada Sonia Sotomayor, en una opinión disidente que ha sido catalogada como una de las más extraordinarias y brillantes conclusiones en la historia de la Corte Suprema federal. “Esto implica que usted no es un ciudadano de una democracia, sino el sujeto de un Estado carcelario, a la espera de ser catalogado”, añadió la jueza.
 

La IV Enmienda a la Constitución, incluida en la Carta de Derechos, establece precisamente el derecho  del pueblo a la seguridad en sus personas, domicilios, papeles y efectos, contra registros y detenciones arbitrarias. Dicha protección establece que “será inviolable, y no deben exigirse garantías, sino por una causa probable, apoyada en un juramento o afirmación y describiendo particularmente el lugar que deba ser registrado y la persona”. Sin embargo, a partir de la decisión del Supremo en la tarde del lunes, la aplicación de dichas protecciones está en entredicho.

Con la decisión, una persona podría ser intervenida, por ejemplo, mientras espera por un autobús y podría ser obligada a presentar una identificación sin motivo legal. El policía podría verificar si existe una orden de arrestro sin diligenciar y podría registrar o encarcelar a la persona, por menor que sea el delito, pese a que el primer acercamiento del oficial es contrario a la IV Enmienda. Si la persona intervenida, también como ejemplo, tiene en sus bolsillos una cantidad ilegal de droga, el policía puede proceder de la misma manera, a pesar de la intervención sin justificación. Según Sotomayor, podrían verse afectados principalmente las minorías y los negros en los Estados Unidos, comunidades que ya de por sí se han tenido que enfrentar a tratos discriminatorios de parte de oficiales de la Policía.

“Es una decisión terrible y nefasta. Se abre una puerta, por los menos para los ciudadanos y residentes en los Estados Unidos continentales, para una violación gravante de los derechos constitucionales a la libertad de movimiento, a que una persona no sea sujeto de arresto y registro ilegales”, manifestó la licenciada María de Lourdes Guzmán, reconocida abogada criminalista en Puerto Rico.
Pese a que en Puerto Rico también aplican las protecciones constitucionales federales y las decisiones del Supremo federal, de acuerdo con los expertos consultados por Metro, dicha decisión no debería tener efectos sobre la Policía de Puerto Rico y el proceso mediante el cual los oficiales intervienen con las personas en la isla.

De acuerdo con Guzmán, la Constitución de la isla es una de “factura más ancha”, lo que significa que los puertorriqueños pueden tener mayores protecciones y garantías constitucionales y algo que pudiera no estar protegido en los Estados Unidos, podría estar cobijado en Puerto Rico. Con el argumento de Guzmán también coincidió el abogado José Garriga Picó, profesor de Teoría del Derecho en la Universidad de Puerto Rico.

“No creo que aumentará la incidencia de ese tipo de comportamiento de parte de los policías en Puerto Rico, porque, aunque es una decisión federal que sí aplica en la isla, el estándar (de las protecciones constitucionales) es más alto basado en las decisiones del Tribunal Supremo de la isla, y, en ese sentido, los policías locales no ganan un mayor ámbito de acción”, explicó el profesor a Metro, añadiendo que las autoridades federales en la isla sí podrían aplicar el nuevo estándar de registro.

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