Alegan reglamento sobre alternativas de pago afecta a pymes

Por Metro.PR

Un grupo de empresarios del país objetó ayer el reglamento propuesto por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) sobre la Ley 46 de 2016 de alternativas de pago en comercios. Dicho reglamento limita los métodos de pago disponibles y reconocidos a nivel global y contiene disposiciones más restrictas que la propia ley de la cual emana.

Además del CUD, hubo presencia de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA); Asociación de Detallistas de Gasolina; Asociación de Industriales del Hielo; Asociación de Centros de Inspección; Asociación de Farmacias y Coopharma; entre otras que se oponen al reglamento del DACO por considerarlo dañino para los comercios y para el propio consumidor. La objeción mayor es la limitación del uso de tarjetas de débito o crédito necesariamente a través de un punto de venta (POS), descartando así otros métodos de pago vía electrónica.

El grupo expone que esto, no solo contradice la propia ley, sino también a estatutos federales que reconocen el uso de medios electrónicos como alternativas de pago disponibles para el empresario y el consumidor. Esta restricción tiende más bien a beneficiar a dos empresas de procesamiento de transacciones en la Isla.

“El Reglamento interfiere en las determinaciones de negocios, pues limita las condiciones en la aceptación de un método de pago, práctica permitida en los estatutos federales.  Tampoco reconoce el derecho de requerir una cantidad de compra mínima para el uso de tarjetas de débito.  Esto tiene un impacto severo, especialmente en los pymes con márgenes de ganancia mínimos en sectores como alimentos, gasolina y centros de inspección, por mencionar algunos.”, expuso Nelson Ramírez presidente del CUD y principal portavoz del grupo.

Ramírez aclaró que, “en estos casos se expondría a estos comercios a una pérdida inminente y significativa de transacciones, puesto que en algunas compras el costo de procesamiento podría ser mayor que la ganancia sobre los productos. Destacamos que la ley, en ninguna de sus disposiciones, impone que el uso de tarjetas como método de pago deba ser exclusivamente de forma física y a través de un POS.  Tampoco prohíbe la utilización de tarjetas a través de medios electrónicos”.  

La Asociación Farmacias de Comunidad, a través de su presidenta Idalia Bonilla, también presentó preocupación en torno al registro de transacciones requerido por el reglamento, el cual se tiene que conservar por seis (6) años.  

“Esta imposición duplica procesos y requerimientos contrarios a la política pública de esta Administración, que ha hecho esfuerzos para simplificar la forma de hacer negocios en la Isla.”  Bonilla hizo hincapié en que “ya el sector empresarial registra todas sus ventas en el terminal fiscal.  No vemos razón para el requerimiento de otro registro más cuando esta información está accesible en los terminales fiscales para el IVU, los libros de contabilidad, estados financieros y planillas informativas anuales de los negocios”, comentó Bonilla.

De otro lado, Manuel Reyes Alfonso, vicepresidente ejecutivo de MIDA, coincide en que el reglamento propuesto debe enmendarse para evitar complicar aún más las operaciones de los comercios, añadiendo costos y limitando el poder de negociación de éstos frente a los proveedores de servicios de pagos.

“En Puerto Rico existe casi un monopolio en el procesamiento de tarjetas de crédito o débito. La Ley 46 y la reglamentación propuesta empeoran esta situación. Ahora los comerciantes no tienen otra opción que aceptar los términos de esos pocos proveedores, independientemente del costo.  Esto, en última instancia lo terminarán pagando los consumidores.  Para minimizar este impacto necesitamos flexibilidad para explorar otras alternativas innovadoras en pagos electrónicos.  Además, necesitamos una reglamentación simple que evite abonar a las carencias legislativas. Conocemos el compromiso del DACO con el bienestar de los consumidores, por lo que nuestro llamado es a que evite añadir costos innecesarios y nos permita la flexibilidad para así poder mantener los costos de las transacciones lo más bajos posible a beneficio de los consumidores”, destacó Reyes.

Así también Coopharma a través de su director, Heriberto Ortiz, levantó bandera sobre el requerimiento de tener un 50% de los puntos de venta con POS para el procesamiento de tarjetas, aún cuando la propia ley no requiere número o porciento específico.

“La ley es clara, dispone que el comercio debe tener accesible dos métodos de pago de los cuales uno debe ser mediante tarjeta de débito o crédito.  La cantidad de puntos de venta para el procesamiento de tarjetas es una determinación de negocio que cada establecimiento debe evaluar, partiendo de su situación económica. La ley así lo reconoce, sin embargo, vía reglamentación se está limitando dicha prerrogativa.  Es importante destacar que adquirir y mantener POS es costoso.  Involucra costos de equipo, servicio de internet, mantenimiento  y cargos de procesamiento por cada transacción efectuada”, señaló Ortiz.  

Llama la atención igualmente que la reglamentación no excluye las transacciones donde el comercio funge como un intermediario, como es el caso del procesamiento del pago de la factura de energía eléctrica, de agua, el envío de valores, la loto y pega tres, entre otros servicios.

El grupo expuso que las multas contenidas en el reglamento son sumamente onerosas y la metodología que el reglamento propone para la emisión de las mismas  no resulta clara.   El reglamento dispone de multas de hasta $5,000 diarios por localidad, lo que podría fácilmente sacar de negocio a un pequeño comerciante.

Por su parte, representantes del sector de servicios como son los centros de cuidado de personas de edad avanzada, expusieron que el pago mediante medios electrónicos es muy utilizado para el pago de servicios y que limitar esta alternativa vía reglamentación, impondría un inconveniente para sus clientes, así como un costo significativo para sus establecimientos.

Tanto la Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG) como la Asociación de Centros de Inspección (ACI), a través de sus respectivos presidentes, levantaron preocupación ya que el reglamento no excluye del cálculo sobre ingreso para estar exceptuado de la aplicabilidad de la reglamentación, aquellos ingresos que no son parte de las operaciones del establecimiento comercial, donde el comercio funge como un facilitador del gobierno.  Destacan que esas partidas no constituyen ingresos del comercio, sino que son cantidades donde el comercio funge como un recaudador del gobierno.  

Finalmente, el grupo de organizaciones empresariales urgió al DACO a flexibilizar el reglamento y a evaluar seriamente las enmiendas técnicas que el grupo de asociaciones sometió a su consideración recientemente, de manera que su implementación no conlleve un aumento en precios y que los comerciantes puedan cumplir con la ley a cabalidad, sin implicar restricciones que afectan la manera de hacer negocios en Puerto Rico.   

“No podemos dejar la operación de todo el sector empresarial en la Isla a la merced de dos empresas de procesamiento. Esto impondría un precedente nefasto y muy peligroso”, puntualizó Ramírez, presidente del CUD.

Las recomendaciones al reglamento sometidas por las organizaciones empresariales al DACO fueron apoyadas por la Oficina del Procurador del Pequeño Negocio, entidad a cargo de asegurar el cumplimiento de las agencias de gobierno con la Ley 454 de 2000, sobre Flexibilidad Administrativa y con la cual deben de cumplir todas las dependencias del gobierno al promulgar un reglamento.  

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