UBER seguirá operando pese a decisión judicial

Se extiende la pugna. La determinación responde a una solicitud de impugnación presentada por la Federación de Taxistas ante el Tribunal de Apelaciones.

Por Víktor Rodríguez @viktor_rodz

El Tribunal de Apelaciones decretó ayer nulas las guías administrativas que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) emitió para la regulación de las empresas de red de transporte (ERT) y con las que dio paso a un permiso provisional de operación a la empresa UBER.

El dictamen responde a una solicitud de impugnación presentada por la Federación de Taxistas ante este foro judicial.

De acuerdo con el fallo, el DTOP no cumplió con el procedimiento reglamentario para la aprobación que dispone la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).
Según cuestión de derecho, este estatuto “exige  que las agencias administrativas cumplan con determinados procesos y requisitos al momento de aprobar, enmendar o derogar una regla o reglamento legislativo”.

“Concluimos, pues, que el documento titualdo ‘Guías administrativas para la operación provisional para las empresas de redes de transporte’, emitido por el DTOP mediante su Resolución 2016-12, es nulo por tratarse de un reglamento legislativo y no cumplir con lo dispuesto en la LPAU para la aprobación de una nueva reglamentación”, concluyó  el tribunal.

Ante este dictamen, el secretario de Transportación y Obras Públicas, Miguel Torres, señaló que “las ‘Guías administrativas’ que fueron adoptadas tenían la intención de crear un marco operacional temporero en lo que se dilucidaba el asunto jurisdiccional entre la Comisión de Servicio Público  (CSP) y el DTOP ante el Tribunal de Primera Instancia”.

No obstante, Torres señaló que el DTOP “continúa firme en su proceso de aprobar un reglamento para regular las ERT conforme a las leyes que le dan jurisdicción a este y así darle un marco reglamentario razonable a este modelo de economía colaborativa conforme a la política pública establecida. Aun así, no se aclaró si el permiso provisional emitido seguiría vigente o si la empresa volvería a operar sin ningún tipo de regulación.

De hecho, a pesar de la determinación, Julie Robinson, gerente de Comunicaciones para Centroamérica y el Caribe, señaló que la empresa seguirá “operando y confiamos en que la determinación de la corte sobre la jurisdicción de regulación de las ERT sea a favor del DTOP,  tal como lo expresó Fortaleza la semana pasada.

Sin embargo, el abogado de la Federación de Taxistas, Dennis Márquez, llamó la atención de UBER a que detenga su operación en la isla, debido a que este fallo también invalida el permiso provisional otorgado por el DTOP.

Con él coincidió el presidente de la Federación, Juan de León, quien se mostró complacido de que el foro apelativo anulara las ‘Guías administrativas’ del DTOP.

“Definitivamente, este es un país de ley y orden. Aparte, quedó demostrado que aquí la corrupción no va por encima de las leyes. Todo esto de que el gobernador estaba favoreciendo; al final, no se le fueron por encima a la ley”, dijo.

De hecho, en el fallo del Apelativo se aclaró que la determinación no incide en la controversia que se ve en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en la que se busca delimitar la jurisdicción de la regulación de las ERT.

Empero, para el titular de los taxistas, el fallo que se espera emita la jueza Rebeca de León, del Tribunal de Primera Instancia, debe estar cónsono con este dictamen del Apelativo.

“Cualquier decisión de la jueza no puede ser distinta o estar dirigida a otro lugar que no sea que [UBER] tiene que paralizar operaciones y se debe poner el cese y desista en vigor y que se sometan a las leyes establecidas por la CSP”, comentó De León.

Entretanto, el presidente de la CSP, Omar Negrón, declinó emitir expresiones sobre este nuevo giro en la pugna por UBER en Puerto Rico aduciendo que “la Comisión no tiene más nada que decir hasta que se atienda el asunto de la jurisdicción. UBER comenzó a operar en Puerto Rico el 11 de julio hasta el viernes 15 de julio, cuando el TPI emitió un cese y desista para la empresa. Ese dictamen fue revertido el pasado jueves, 21 de julio, por el Tribunal de Apelaciones.

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