Versiones encontradas en postura de La Fortaleza sobre app de UBER

Sigue pugna. Mientras que el gobernador interino, Víctor Suárez, reconoce la jurisdicción al DTOP, la Oficina de Asesoría Legal del gobernador avala reclamo de la CSP

Por Víktor Rodríguez @viktor_rodz
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Aunque La Fortaleza se había mantenido en silencio con relación a la pugna que lleva la Comisión de Servicio Público (CSP) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para la regulación de UBER, las posturas que salieron ayer desde el Ejecutivo se contradicen con un análisis previo hecho por la Oficina de Asesoría Legal del gobernador.

Ayer el gobernador interino, Víctor Suárez, dijo en entrevista radial (WKAQ) que la jurisdicción para la regulación de las empresas de red de transporte (ERT)  “la tiene el DTOP”.  A pesar de que no aclaró la razones bajo derecho respecto a esta postura, Suárez adujo que la CSP solo tiene la jurisdicción para atender a los taxis que forman parte del sistema de transporte integrado y DTOP debe atender las áreas donde estos conductores no dan servicio.

Sin embargo, en una carta enviada por la Compañía de Turismo al Procurador de Pequeños Negocios, Edison Negrón, y a la que Metro tuvo acceso, se establece que “la Oficina de Asesoramiento Legal de la Oficina del Gobernador, luego de haber hecho un análisis legal minucioso, determinó que es la CSP quien ostenta la jurisdicción de las empresas de transporte”.

Según la misiva, con fecha del 6 de junio de 2016, la validación de esta jurisdicción responde a una interpretación de la Ley 109 del 28 de junio de 1962, conocida como la Ley de Servicio Público de Puerto Rico.

La carta firmada por la directora ejecutiva de Turismo, Ingrid Rivera, sostiene que la Compañía de Turismo le da el aval a la CSP para el establecimiento de un reglamento sobre servicios de corredores de transporte, porteadores por contrato y operadores de empresas de red digital de transporte.

Ante la polémica, el presidente de la CSP, Omar Negrón, invitó al también secretario de Estado a comunicarse con los asesores legales de La Fortaleza en aras de que reconozca la validez de la Ley 109.

“Me parece que hay poca comunicación entre La Fortaleza y el secretario de Estado. Invito al amigo Víctor Suárez a que lea la Ley 109 para que entienda la razón por la que la CSP defiende su jurisdicción”, manifestó.  

Por su parte, la secretaria de la Gobernación, Grace Santana, no fue clara respecto a cuál de las dos agencias públicas tiene la injerencia, debido a que se trata de una controversia que espera dilucidar en el tribunal.

“Esa controversia se ha sometido al tribunal. Hay recursos pendientes en el Tribunal de Primera Instancia. Actualmente, hay dos reglamentos sometidos ante el Procurador de Pequeños Negocios, que está esperando por un consenso o una determinación judicial”, acotó Santana en entrevista con NotiUno.

A pesar de esas expresiones, la funcionaria manifestó que la política pública del Ejecutivo redunda en la priorización de la innovación y la tecnología que genere empleos.

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