UBER y la CSP amenazan con seguir pleito en el Supremo

Sigue el tranque. La empresa y la agencia pública no ceden en sus respectivos reclamos, aunque coinciden en que conductores de la compañía son las principales víctimas

Por Víktor Rodríguez @viktor_rodz
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La pugna entre la empresa UBER y la Comisión de Servicio Público (CSP) no da tregua al punto de que ambas partes no descartan seguir escalando foros judiciales para defender sus respectivos reclamos.

En su turno al bate, ayer UBER presentó una moción de clarificación ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan a fin de que este foro valide un permiso provisional emitido por el Departamento de Trasportación y Obras Públicas (DTOP) que permitiría revertir un fallo de cese y desista emitido el pasado viernes por este foro.

Dos horas después de esta acción, el presidente de la CSP, Omar Negrón, realizó una conferencia de prensa en la que notificó su disposición de llevar a UBER hasta el Tribunal Supremo en caso de que la jueza Rebeca De León revierta su veredicto.

“Definitivamente, es una alternativa que tenemos [ir al Supremo] y que decidiremos en su momento”, indicó Negrón, quien también ofreció a UBER tramitarles un permiso provisional para que puedan reiniciar sus servicios esta misma semana a cambio de que la empresa complete las solitudes de transporte en la CSP.

Sin embargo, Julie Robinson, gerente de comunicaciones para UBER en Centroamérica y el Caribe, notificó que esta oferta sería rechazada por la compañía amparándose en que el DTOP es la agencia con capacidad de regular a las empresas de red de transporte (ERT) en Puerto Rico.

“No es que no queramos ser regulados por las CSP. Pero la razón por la que nos dirigimos al DTOP es porque la CSP se basa en una ley de 1962, que no incluye la regulación de medios tecnológicos para movilidad colaborativa. A diferencia, la ley de 2001 del DTOP tiene visibilidad de estas empresas. La CSP confunde las plataformas tecnológicas con empresas de transporte y, por ende, le atribuyen responsabilidades que no aplican a UBER”, explicó la portavoz de la empresa.

Negrón no lo vio de la misma manera e indicó que el reclamo de jurisprudencia del DTOP radica en “una mala interpretación de la ley 148”, con la que se delegó al departamento la regulación y planificación del transporte público que no sean taxis turísticos.

Entre tanto, Robinson destacó que, si finalmente la jueza De León no revierte la fallo a favor del cese y desista, UBER no descarta en acudir a otros foros a bien de “poder darle la oportunidad al pueblo de Puerto Rico que disfrute del servicio”.

De hecho, comentó que, desde que se paralizó el servicio de UBER el pasado viernes en la noche, la empresa calcula pérdidas ascendentes a los $40 mil que no han podido ingresar al bolsillo de los sobre 9,500 conductores inscritos en la plataforma. Según Robinson, el cómputo se basó en la cantidad de viajes hechos desde el día de inicio de UBER el pasado lunes, 11 de julio hasta el momento del fallo del tribunal.

Ante estos números, Negrón reaccionó reconociendo que las principales víctimas de este tranque son los conductores. Expresó, no obstante, que la CSP está dispuesta a corregir este fallo si la empresas desiste de continuar con los trámites judiciales.

“UBER ha rechazado todos los acercamientos que hemos hecho para tener comunicación entre las partes y llegar a acuerdos que pudieron haber evitado lo que lamentablemente ha sucedido. En la CSP nos mantenemos firmes en cumplir con nuestro mandato de ley, pero reiteramos nuestra buena fe y mejores intenciones para que la empresa pueda continuar sus operaciones lo más pronto posible en cumplimiento con la ley”, aseveró.

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