Desmienten partidismo salpique pugna por UBER

Sigue la disputa. La CSP reiteró que no dará su brazo a torcer hasta que la empresa cumpla con los trámites y solicitudes en esta agencia, mientras que la compañía presentará esta semana una moción de reconsideración.

Por Víktor Rodríguez @viktor_rodz
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Cuando la jueza Rebeca de León dio a conocer el viernes en la noche el fallo que paralizaba los trabajos de la empresa UBER hasta nuevo aviso, hubo voces encontradas en toda la isla. Por un lado, usuarios a favor de este servicio de transporte se encolerizaron por la decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan y catalogaron el fallo como un atropello a la innovación y el desarrollo. Paralelamente, otros sectores, incluyendo a los taxistas locales, celebraron la decisión amparados en que se trató de una justicia al respeto de la ley y el orden de Puerto Rico.

Sin embargo, de ambos bandos retumbó el mismo estribillo que coloca el tranque a un mero conflicto político partidista. Entre las alegaciones, se señaló rivalidades entre el presidente de la Comisión de Servicio Público (CSP), Omar Negrón, quien fuera secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP) durante la gobernación de Luis Fortuño, y el actual Gobierno, liderado por el Partido Popular Democrático (PPD). Asimismo, la figura del licenciado Armando Valdés, militante del PPD, resuena constantemente en las denuncias de los taxistas en contra de UBER, como impulsador de la compañía. 

Todos estos señalamientos llevaron a que ayer Jonathan Bonet, comisionado asociado de la CSP, emitiera declaraciones en las que buscó aclarar las decisiones de la agencia, amparado en ser un punto medio en el conflicto. Reforzó sus expresiones al señalar que su nombramiento fue hecho por el gobernador Alejandro García Padilla, también del PPD, lo que contradice la influencia de la Palma en las gestiones de la CSP.

“En vista de que algunas personas han querido reducir el asunto de nuestra jurisdicción como agencia gubernamental que vela por la ley y el orden en un asunto estrictamente político, hemos decidido dar un paso al frente y destacar que somos un equipo y nuestras decisiones siempre se basan en el bienestar de nuestra isla”, destacó el funcionario en un parte de prensa.

Bonet se refirió a una solicitud de cese y desista presentada por la CSP en contra de UBER la semana pasada a la que el Tribunal le dio “ha lugar”. También responde a la negativa de la comisión de avalar un permiso provisional que el viernes pasado emitió el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y que fue firmado por el secretario Miguel Torres.

Según el comisionado asociado, más allá de partidismo, la resistencia de la CSP responde a que “Puerto Rico es una sociedad de ley y orden, y, como tal, todos los que deseen hacer negocios aquí tienen que acatarse a nuestro ordenamiento”. Por esta razón, reiteró que la agencia presentará esta semana un memorando de derecho sobre la jurisdicción de la agencia para reglamentar a las llamadas empresas de red de transporte (ERT). 

“Todos los comisionados, nombrados por distintas administraciones estamos confiados en que la ley está de nuestro lado y que, en unión a UBER, lograremos establecer los acuerdos pertinentes para que puedan reanudar sus servicios lo antes posible. Reiteramos nuestra disposición y buena fe de negociar y, dentro de nuestra facultad, hacer todo lo necesario para que estos puedan brindarle al pueblo puertorriqueño sus servicios”, dijo.

Empero, ayer UBER reiteró no reconocer la jurisdicción de la CSP en el asunto; por lo que esta semana radicará una moción de reconsideración al fallo de la jueza De León y usarán como prueba principal el permiso provisional otorgado por el DTOP. Mientras esto ocurre, la aplicación se encuentra en moratoria y sus sobre 9,500  conductores sin poder ofrecer servicio de transporte.
 

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