Truenan contra medida que limitaría construcción de más megatiendas

Pugna. Una enmienda a la ley de permisos prohibiría la construcción de espacios mayores a los 100 mil pies cuadrados, lo que, según el sector privado, golpearía la construcción y el comercio al detal del país.

Por Víktor Rodríguez @viktor_rodz

Un grupo de asociaciones del sector privado de Puerto Rico tronó ayer en contra de una enmienda aprobada la semana pasada en la Cámara de Representantes con la que se busca prohibir, bajo algunas excepciones, la construcción de locales que sobrepasen los 100 mil pies cuadrados en la isla.

Se trata del Proyecto de la Cámara 2871 enviado por el Ejecutivo y que el pasado 16 de junio fue referido a la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado para evaluación. La pieza decreta que la Junta de Planificación (JP) “no podrá aprobar consultas de ubicación para ninguna solicitud de proyecto que proponga un establecimiento de ventas al detal y/o al por mayor, a gran escala, con un tamaño mayor a cien mil pies cuadrados de área bruta de construcción para la venta y almacén”.

Ante esto, el colectivo del sector privado —compuesto por la Asociación de Comerciantes en Materiales de Construcción, la Asociación de Constructores de Puerto Rico, la Asociación de Importadores de Autos, la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Puerto Rico y la Asociación de Comercio al Detal— sostuvo que la propuesta “perjudicaría seriamente la industria de la construcción y la actividad comercial tan esencial para el desarrollo económico del país”.

“Con la aprobación del proyecto se le pone un candado a Puerto Rico porque se le da una estocada fatal a la ya maltrecha industria de la construcción, se prohíbe el establecimiento de nuevas entidades comerciales de gran tamaño que podrían servir de anclas a futuros centros comerciales, distribuidores locales al por mayor, plazas del mercado, mueblerías, ferreterías y dealers de autos, entre otros. También se desincentiva que empresas locales continúen creciendo para evitar la penalidad legislada para los que alcancen el éxito”, expresó el economista Antonio Rosado, quien fungió como portavoz de la coalición.

Aunque la medida da espacio para que la JP haga excepciones a la otorgación de permisos, Rosado estipuló que estas alteraciones se darían a cambio de otras medidas que afectaría la operación de estas empresas. En síntesis, el proyecto establece que la JP podrá considerar de forma discrecional la otorgación de permisos a estas empresas solo si estos comercios pagan el doble del salario mínimo federal a sus empleados, ofrecen a sus empleados (regulares o a tiempo parcial) beneficios marginales mandatorios de planes de retiro, planes médicos y planes dentales, y por lo menos la mitad de los empleados trabajan jornadas de 40 horas o más.

Rosado catalogó estas determinaciones como “discriminatorias” y “caprichosas”, toda vez que pondría a las megatiendas y comercios grandes a pagar por una fuerza laboral más cara en comparación con otras industrias.

“A ningún otro sector de la economía en Puerto Rico se le requiere que sus empleados tengan planes de retiro y planes de salud como beneficios mandatorios, o se le requiere una cuota de empleados a tiempo completo, por lo que es discriminatorio. La categoría creada por este proyecto es evidentemente caprichosa”, declaró Rosado.

De acuerdo con el portavoz del grupo de empresarios, la medida establecería que el salario mínimo para los empleados de los establecimientos cubiertos por este proyecto sería mayor que el de industrias, como servicios educativos en un 105 %, servicios de salud en un 115 % y bienes raíces en un 123 %.

“Este proyecto cierra las puertas a futuras inversiones y a la creación de nuevos empleos en Puerto Rico, en un momento en que la inversión pública se ha reducido de forma dramática y la inversión privada se ha convertido en la única forma de estimular el crecimiento económico, a pesar de las trabas que el Gobierno crea constantemente”, añadió el experto.

Sin emabargo, la medida se ampara en el hecho de que las megatiendas construyen locales enormes, para poder comprar mercancía de suplidores en cantidades sustanciales, ahorrar y transferir el ahorro a sus clientes. No obstante, indica que esta fórmula motiva a construir tiendas más grandes y abandonar sus tiendas más pequeñas, dejando un sinnúmero de espacios de cemento abandonados. “Estos espacios, conocidos como greyfields, permanecen en desuso debido a que su configuración básica y espaciosa no atrae compradores para el establecimiento de otros negocios”, lee el proyecto que sostiene que en la isla solo 17,475.94 cuerdas de terreno cuentan con las características urbanizables de las que un 9 % podrían usarse para construir espacios comerciales y un 6% para desarrollo de espacios industriales.
 

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